El presidente del BBVA se desvincula de Villarejo y asegura que el banco «está colaborando»

"Yo no tuve nada que ver, ni participé ni di ninguna instrucción y se aplicó una metodología forense por los externos, tal y como explica el banco en su propia web», declaró Torres en el juzgado, según fuentes del BBVA, en referencia a los informes realizados por tres entidades contratadas para examinar los servicios pagados a Villarejo.

El máximo dirigente de la entidad desde enero de 2019 en sustitución de Francisco González, investigado en esta causa por delitos de cohecho y revelación de secretos, era consejero delegado del BBVA en el momento de los hechos analizados, desde 2015 hasta 2018, y antes fue director de Estrategia y de Banca Digital.

En su comparecencia de este lunes, Torres ha mantenido un tirante intercambio con los fiscales anticorrupción, quienes reclamaron al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su citación como testigo para aclarar la responsabilidad del banco -investigado como persona jurídica en la causa- en la aplicación de los controles internos para prevenir el delito. Aseguró que tuvo conocimiento «por la prensa entre junio y julio de 2018» de los trabajos de Villarejo. «No lo conocía de nada antes. No sabía que había contrataciones con ese proveedor», insistió Torres, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

Lo hizo para reafirmar su desconocimiento de la figura del comisario investigado pese a que los trabajos de Villarejo duraron al menos 13 años y por los que la entidad desembolsó 10,23 millones exactamente, el mejor cliente de Cenyt en sus años de vida.

Del mismo modo, los fiscales le recordaron que su presencia en el juzgado obedecía a la decisión tomada en julio por su subordinada María Jesús Arribas de Paz, directora global jurídica del BBVA, de acogerse a su derecho a no declarar «por voluntad propia» dada su condición de abogada y en virtud del secreto profesional que le asiste. Por lo tanto, los acusadores públicos le recordaron a Torres que en buena medida su testifical era «especialmente relevante» para conocer cómo funcionaron los mecanismos de control corporativo del banco y determinar la existencia «de una efectiva cultura de cumplimiento normativo en aras a esclarecer la responsabilidad penal» de la compañía.

También influyó el hecho de que Arribas de Paz no aclaró nada en el juzgado y que él, como presidente del BBVA, sea también la cabeza visible del llamado Comité Global de Assurance Corporative (aseguramiento corporativo), un órgano que responde a la responsabilidad de la persona jurídica para prevenir el delito. Sobre las reuniones de este comité, Torres se cerró en banda y no aportó grandes novedades más allá de «lo que consta en el acta», pese a que los fiscales ven como relevantes dos encuentros celebrados el 15 y 22 de octubre de 2018 donde se iba a dar cuenta de las actuaciones a seguir en el banco tras destaparse en prensa que el BBVA encargó contratos a Villarejo.

Este comité lo integraban el propio Torres; el exdirector de los servicios jurídicos Eduardo Arbizu; el director de Riesgos, Rafael Salinas; el director de Auditoría Interna, José Luis de los Santos; y el también ex responsable jurídico Eduardo Ortega. Al inicio del único encuentro del que hay acta tomó la palabra Arbizu para exponer que el motivo de la reunión extraordinaria era dar cuenta de las actuaciones realizadas hasta el momento por parte de los Servicios Jurídicos en relación a los contratos de Cenyt.

Recordado este asunto por los fiscales, Torres declaró este lunes que lo que hizo Arbizu fue dar cuenta del «estado de la información», pero no del requerimiento que hizo el Sepblac o la CNMV para conocer a fondo los trabajos de Villarejo. Aquí de nuevo los fiscales le reprocharon que él ya tenía conocimiento de todo lo ocurrido y Torres se defendió en que el BBVA decidió impulsar un «comité restringido» e investigar todas las informaciones que se estaban publicando en prensa debido al daño reputacional que ello suponía. El banco encargó esa labor a los despachos Garrigues y Uría Menéndez.

«Yo, como presidente, y el consejo marcamos en 2019 una instrucción muy clara de colaboración total con la justicia. Aparece en todas las actas. Y considero que así ha sido. El banco ha ido aportando todo lo que se ha ido descubriendo en la investigación», contestó Torres, después de que se le haya cuestionado una supuesta «falta de colaboración» por retrasos en la entrega de documentos o información incompleta, parcial y sesgada en el caso de correos electrónicos internos. Algo que el presidente del BBVA ha negado.

Apoyado únicamente por los apuntes de una libreta que depositó sobre la mesa y usó para tomar notas, Torres tampoco despejó las incógnitas de los investigadores en relación a estos contratos y, en especial, del momento exacto en el que la actual cúpula del banco tuvo conocimiento del asunto. En el caso de su subordinada Arribas de Paz, la Fiscalía quería preguntarle por un correo que recibió el 10 de noviembre 2017 bajo el asunto 'Cenyt Carta terminación' y que demostraría que conocía de las contrataciones con Villarejo poco después de la detención del comisario y medio año antes de lo que ha manifestado Torres.

«Si la terminación del contrato firmado el 1 de junio de 2016 entre BBVA y Cenyt fue consecuencia de lo informado en tal respuesta, y si la letrada encargada de realizar el documento se lo envió a Arribas, la consecuencia es que ésta también estuvo informada de todo y, a tal fecha, no se había iniciado proceso alguno de revisión interna, por lo que difícilmente su conocimiento pudo ser como consecuencia del trabajo inicial de recopilación de documentación referente a Cenyt que precedió a la investigación interna forense», indicó Anticorrupción en su escrito de julio.

Para aclarar la responsabilidad penal del BBVA con la citación de Torres hay que recordar que este mismo año el juez exoneró a CaixaBank y Repsol, y a sus presidentes de entonces, por los encargos a la empresa de Villarejo. García Castellón consideró acreditado que contaban con controles eficaces para evitar la comisión de delitos. BBVA está acusado de cohecho (contratar a un policía en activo), descubrimiento y revelación de secretos, así como de corrupción en los negocios. Si el caso acaba en juicio y el banco es condenado se enfrentaría a una multa y un varapalo en su reputación.