Goirigolzarri se planta ante la presión de Calviño: «Las políticas de precios las deciden los bancos»

Durante su participación en los Cursos de Verano que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, el directivo explicó que, en todo caso, la última palabra dependerá de la demanda de los clientes, a los que llevan años ofreciendo otros productos alternativos –que a su vez generan mayores ingresos por comisiones– como los fondos de inversión o los seguros de ahorro.

De momento, la estrategia no le ha ido del todo mal a la entidad, que ha logrado que más del 40% de los recursos de clientes estén fuera de balance bancario. Pero la carrera por los depósitos la están ganando, sin duda, aquellas entidades que ofrecen más por el ahorro. ING, por ejemplo, ha captado 1.300 millones de euros en los cinco primeros meses del año con remuneraciones superiores al 2%, según indica Ignacio Juliá, consejero delegado del banco para España y Portugal. «Los depósitos a plazo están llegando de forma progresiva. Pero con todo el respeto a la vicepresidenta, la mejora de la remuneración no llegará porque ella lo diga, sino por el efecto de la competencia», explicó en el mismo foro el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno.

Las entidades también rechazan de lleno que este asunto forme parte de la reunión que el próximo 29 de junio mantendrán con el Gobierno. El principal objetivo del encuentro es evaluar las ayudas a los hipotecados con el nuevo código de buenas prácticas, pero Calviño pretendía introducir también ese debate sobre la remuneración del ahorro.

La desazón en el sector es palpable en un momento en el que, además, el señalamiento político por el rechazo a pagar más a sus clientes puede acabar repercutiendo en su reputación, que había ganado muchos enteros con todas las medidas puestas en marcha desde la pandemia. «Es algo que nos ocupa mucho. En pandemia se vio la importancia de contar con un sector que pueda responder en momentos de crisis«, indicó la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, quien reconoce que el escenario de subida de tipos –que ha generado beneficios de récord en los últimos tiempos– «complica la explicación» de la importancia de contar con un sector fuerte, capaz de responder a los retos del país».

La banca ha dejado claro que no le gusta estar en el centro del debate público. Asumen que es periodo electoral. Pero molesta que se hable de «medidas con un trazo muy grueso», como el fondo de ayuda para las hipotecas planteado por el PP o el bono para el mismo fin concretado por Yolanda Díaz. Por no hablar de la posible extensión del impuesto al sector más allá de 2024. «No nos gusta ni en forma, ni en fondo, ni cómo se tramitó», insisten.

Por eso la mayoría de entidades decidió recurrir -después de pagar- una tasa que podría ir más allá de 2024, tal y como estaba previsto. El vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, levantaba la liebre el lunes al dejar entrever que los populares no derogarán el impuesto si logran la victoria electoral. La idea, de hecho, es que en el momento de su vencimiento, se sustituya por un fondo de ayuda que costearía el propio sector.

Pese a que desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo indican que este fondo ya se había tratado con las entidades, Goirigolzarri rechazó haber recibido noticia alguna de la propuesta más allá de lo publicado estos días en la prensa. La AEB, no obstante, reconoce que cuando se aprobó el impuesto, dejaron la puerta abierta a esa posibilidad como alternativa, aunque en ningún caso se concretaron condiciones.

El sector también rechaza modificar el actual código de buenas prácticas hipotecario en la reunión de finales de junio. «Si funciona, por qué cambiarlo». En el caso de CaixaBank, la entidad apenas ha recibido 7.000 solicitudes de adhesión desde que el plan entró en vigor el pasado 1 de enero. «Con independencia de la propuesta, no hay nadie más interesado que nosotros en ayudar a que los clientes puedan hacer frente a sus obligaciones», apunta Goirigolzarri en referencia al bono planteado por Yolanda Díaz, que estaría dotado con con 1.000 millones de euros y beneficiaría a hogares con hipotecas de hasta 250.000 euros y una antigüedad de más de diez años.