El Estado se da hasta 2023 para quedarse en CaixaBank

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de prorrogar el plazo por el que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) estaba obligado a privatizar Bankia -así lo determina el acuerdo de rescate con la UE-, y que vencía el 31 de diciembre de 2021. Calviño había anticipado esa intención, después de que tanto este Ejecutivo como el anterior fueran extendiendo ese calendario de privatización, que debería haber estado completada en 2017: la primera vez lo autorizó el Gobierno de Mariano Rajoy, al ampliarlo hasta finales de 2019; y la segunda, el presidido por Pedro Sánchez, hasta finales de este año. Y siempre bajo la premisa de que las condiciones del mercado nunca fueron ni son idóneas para realizar esa desinversión y que saliera mínimamente rentable.

Sin embargo, su socio de coalición, Unidas Podemos, nunca se ha mostrado partidario de llevar a cabo la privatización de la entidad, al abogar por convertirla en un banco público. Una estrategia que tanto Calviño como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, siempre han rechazado.

Ahora, el Gobierno considera que esta nueva extensión temporal -la tercera- «va a permitir al FROB ejecutar la estrategia de desinversión con una mayor flexibilidad y aprovechando las coyunturas que puedan ser más favorables», ha explicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Las acciones de Bankia y CaixaBank no se resintieron este martes en Bolsa.

Actualmente, el FROB tiene una participación del 61,8% en Bankia, que se convertirá en un 16,11% del capital de la nueva entidad fusionada. Está previsto que antes de que finalice este primer trimestre de 2021 ambos grupos integren sus sociedades, y a partir del verano funcionen bajo una misma marca, que será CaixaBank, para todas las oficinas de la corporación. A finales de año estaría completa la integración tecnológica de los grupos.

De los 22.424 millones inyectados para reflotar Bankia, 4.500 millones llegaron en 2010, 7.339 millones en 2012 y 10.620 millones en mayo de 2013. Y de los 3.303 millones recuperados, 2.122 millones proceden de la venta de paquetes (el 7,5% y el 7% en 2014 y en 2017), y otros 1.180 millones a través de los sucesivos dividendos pagados.

En el plano interno, los cambios han comenzado a sucederse sobre todo dentro de la estructura de Bankia, que se verá absorbida por CaixaBank. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha decidido abandonar la entidad cuando culmine la fusión, al entender que comienza una etapa distinta con un nuevo equipo. Tampoco seguirán en la estructura de alta dirección de Bankia el consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología, Antonio Ortega; el secretario general del consejo, Miguel Crespo; y la directora de Comunicación, Amalia Blanco.

Con estas salidas, Goirigolzarri asumirá el puesto de presidente no ejecutivo de la nueva CaixaBank, pero sin el núcleo duro que él mismo escogió para reflotar Bankia hace una década. Entre las funciones limitadas del banquero en la futura entidad fusionada se encuentran, por ejemplo, las de comunicación.