Los ayuntamientos canarios avanzan en el control de los pisos turísticos y soliviantan al sector
Entre otras medidas pretenden que sea obligatoria la autorización expresa de la comunidad de vecinos, de forma que si uno se niega la vivienda no podrá darse de alta y operar. Los municipios quieren poner orden y un régimen sancionador para los que incumplan
Los ayuntamientos de Canarias trabajan desde hace meses en la elaboración de un reglamento que les permita entrar en el control y regulación de las viviendas vacacionales en sus municipios y que vaya más allá del decreto en vigor y aprobado por el Gobierno de Canarias (el 113/2015).
El objetivo de este reglamento, como explica el presidente de la comisión de turismo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Emilio Navarro (alcalde de Santiago del Teide), es «dar» mayor seguridad jurídica a los usuarios y propietarios de las viviendas vacacionales y avanzar hacia una mayor inspección y un régimen sancionador para aquellos que incumplan la norma.
«Queremos tener más información y que haya un régimen sancionador porque muchas veces nos encontramos con problemas de convivencia con vecinos y con un mal uso de estas viviendas y, sin embargo, no tentemos potestad para actuar», manifiesta.
Según indica Navarro, con respecto a los pisos turísticos existe un vacío en diversos aspectos y es necesario cubrirlo. En ningún caso, indica, se pretende acotar o limitar la vivienda vacacional en los municipios turísticos.
A favor de la vivienda vacacional pero no de los problemas
«Estamos a favor de la vivienda vacacional. De hecho, nuestro ayuntamiento se enfrentó al Gobierno de Canarias cuando quiso limitar su entrada en los municipios turísticos, algo que tumbó el Supremo. Consideramos que es una actividad económica importante, que genera negocio y empleo y solo queremos regularla. No pretendemos poner puertas al campo», indica.
En sus palabras, el reglamento en el que se trabaja nace de la necesidad de muchos ayuntamientos de resolver una problemática que sufren cada día. «Durante la covid sin ir más lejos se hacían fiestas en viviendas pero no podíamos hacer nada porque no teníamos potestad», afirma.
Entre otras medidas, los ayuntamientos pretende que aquellas viviendas que pierdan su licencia se las prohiba ejercer durante cinco años. Además se les quiere obligar a contar con una autorización expresa de la comunidad de vecinos. En este sentido, según entiende la Ascav, si un vecino vota en contra de que una vivienda sea vacacional no saldrá adelante y no podrá darse de alta y operar.
La Fecam ha redactado un borrador de reglamento que ha remitido a los ayuntamientos de Canarias, con el objetivo de que estos realicen aportaciones y propuestas. Una vez se tenga el texto la Fecam se sentará con la Ascav y las patronales turísticas y finalmente se convocarán reuniones técnicas con la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias al fin de ultimarlo, como indica Navarro.
La Ascav asegura que se quiere acabar con la actividad
La Ascav, sin embargo, decidió ayer adelantarse y manifestó su absoluto rechazo al reglamento en el que trabaja la Fecam. Desde la Asociación del Alquiler Vacacional de Canarias se asegura que la intención real de los municipios canarios es acabar con el 95% de los pisos turísticos y expulsar a las familias para dejar este negocio en manos de los fondos de inversión y las grandes empresas gestoras.
La Ascav asegura que son algunos de los ayuntamientos canarios que están en contra del nuevo reglamento los que se han puesto en contacto con ellos para hacerles llegar su «indignación» por lo que se pretende hacer.
Su presidenta, Doris Borrego, afirma que el texto en el que trabaja la Fecam «vulnera competencias del Estado» y del Gobierno de Canarias y de los cabildos que son a los que corresponde la ordenación y promoción del turismo.
«Nosotros solo queremos tener la información que manejan los cabildos para saber cuántas viviendas vacaciones hay en cada municipio y tenerlas controladas, además de manejar la información de dónde se ubican y conocer el número de pernoctaciones», indica Navarro.
Tanto Navarro como el vicepresidente de la Fecam y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, rechazan los argumentos de la Ascav. «Me sorprenden mucho estas declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad. Lo único que buscan los ayuntamientos es regular una actividad para evitar arbitrariedades y abusos», manifiesta Hernández.
