La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos

A día de hoy, muchos pequeños empresarios y trabajadores por cuenta ajena no conocen cómo afectarán estos cambios a su forma de hacer las cuentas. Entre las pocas certezas en torno a ambos asuntos es que desde el 29 de julio ya no se pueden comercializar 'softwares' que no cumplan con los estándares de la Agencia Tributaria –el sistema Verifactu, que obliga a que los datos de facturación electrónica se envíen en tiempo real al Fisco y garanticen la autenticidad y la trazabilidad a través de un código QR–, según explica Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, a este periódico.

Es decir, que cualquier programa, incluido Excel, que no se haya adaptado a estos requisitos, no será válido para facturar electrónicamente a partir de 2026. Será entonces cuando pymes y autónomos deberán emitir sus facturas a través de un 'software' certificado. Las sociedades con una facturación inferior a 6 millones de euros tendrán que hacerlo a partir del 1 de enero y desde el 1 de julio para el resto de autónomos.

La ley establece que se deberán garantizar soluciones gratuitas y la Agencia Tributaria se ha comprometido a que haya una plataforma sin coste para que todos aquellos autónomos y empresas que no tengan los recursos suficientes puedan hacerlo a través de la misma. Fuentes de la Agencia Tributaria han confirmado a este medio que la idea es que la solución pública esté lista para que la utilicen los pequeños negocios antes de que finalice este mes de octubre.

Y no se trata de un reto menor, si se tiene encuentra que siete de cada diez autónomos y el 45% de las micropymes aún emplean métodos manuales para facturar. A su vez, los autónomos y otros trabajadores afectados –especialmente los profesionales vinculados a la asesoría, consultores y gestorías, que son quienes tienen que adaptar miles de negocios a las nuevas exigencias– temen que se produzcan retrasos y deban finalmente recurrir a un 'software' privado si se producen retrasos.

Por otra parte, y pese al deber de usar el 'software' estandarizado –siempre y cuando se cumplan los plazos mencionados–, la obligación de facturar electrónicamente y comunicar el estado de las facturas no será una realidad plena, en el mejor de los casos, hasta octubre de 2027, precisa Ferrero.

La norma no podrá implantarse hasta un año después de la aprobación del desarrollo reglamentario que establece la ley 18/2022 para empresas y autónomos que facturen más de 8 millones. En el caso de las empresas y profesionales que facturen por debajo de esta cifra, el plazo será de dos años desde que se apruebe el reglamento.

Fuentes del Ministerio de Economía trasladan que «en breve» solicitarán el informe preceptivo de Consejo de Estado para que después sea aprobado en Consejo de Ministros. Esto implica que, en el mejor de los casos, de aprobarse antes de que termine octubre, este no entraría en vigor plenamente hasta octubre de 2027.

Estarán exentos de estos cambios los autónomos y empresas en sus relaciones entre ellos; es decir, quedan fuera las facturas a particulares, los emprendedores domiciliados en territorio de régimen foral –País Vasco y Navarra– así como sectores exentos de facturar hasta ahora como la agricultura, la ganadería y la pesca, señalan desde ATA.