Los auditores europeos advierten de la brecha digital por el retraso del 5G

Ven «probable» que no se cumpla el objetivo de la UE de llevar estas redes a las zonas urbanas antes de 2025 y alertan del alto coste de sustituir a los proveedores chinos

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid

El despliegue de la tecnología 5G de telefonía móvil en la UE «necesita un nuevo impulso». Y no lo dicen sus autoridades políticas, sino sus técnicos, algo más preocupante porque analizaron con detalle la situación de estos planes que llevan «un gran retraso». Lo ha hecho el Tribunal de Cuentas Europeo y advierte que, al ritmo actual, «probablemente no se cumplan los objetivos para este decenio».

La primera meta, fijada en 2016 por la Comisión Europea (CE), era «garantizar» que las zonas urbanas y las principales vías de transporte tengan cobertura 5G ininterrumpida antes de 2025 –aún así la proporción sería inferior a otras regiones–. Y en marzo de 2021 se amplió a llegar a todas las zonas pobladas de Europa antes de 2030. Sin embargo, hoy la propia CE reconoce que solo once Estados miembros tienen probabilidades de alcanzar el objetivo de 2025. Así, solo Francia y España tendrían una posibilidad «alta», mientras que en Alemania sería «media» y en Italia «baja».

Apenas la mitad de los socios europeos han introducido esos objetivos de despliegue en sus estrategias nacionales de 5G o en sus planes de banda ancha. Algunos ni han transpuesto aún a su Derecho nacional el Código Europeo de las Comunicaciones y en muchos se retrasó la asignación de espectro. Sobre esto último, de las tres bandas de frecuencia pioneras usadas para las nuevas redes –700 MHz, 3,6/3,5 GHz y 26 GHz–, a finales de otoño solo se había asignado el 53% de las franjas disponibles.

La Comisión tiene su parte de culpa, pues no ha definido la calidad que deben ofrecer las redes 5G, ni tampoco su velocidad mínima ni la latencia máxima. Según los auditores europeos, esta «falta de claridad» eleva el riesgo de que cada Estado haga su interpretación con enfoques «divergentes» de despliegue. Y si la situación persiste –subrayan–, «podría generar una brecha digital por desigualdades en el acceso a los nuevos servicios», que «afectaría al potencial de desarrollo económico» en varios sectores por su rendimiento incierto.

Subastas de espectro

En el caso de la banda de frecuencia alta –la de 26 GHz, que ofrece velocidades rápidas en distancias cortas, pero es más sensible a las interferencias–, constataron que los retrasos en su asignación se debían «principalmente» a la demanda «escasa» por los operadores de redes de comunicaciones móviles. En las bandas de 700 MHz y 3,6 GHz pesaron en contra los problemas de coordinación transfronteriza con países terceros a lo largo de las fronteras orientales (Bielorrusia, Rusia y Ucrania). Por este motivo algunos Estados bálticos, caso de Estonia, y Polonia han solicitado más plazo para sus asignaciones.

España también ha ido con algo de retraso, en su caso por la pandemia de covid. La subasta de la banda de 26 GHz, fundamental para prestar servicios de comunicaciones electrónicas y para numerosos usos de 5G de poca cobertura, alta capacidad y baja latencia –por ejemplo, aplicaciones industriales, 'gaming', realidad aumentada y transporte–, se iba a realizar en 2021, luego se retrasó a principios de este año y ahora se apunta al tercer trimestre.

Una vez asignada esta banda supondrá un cambio muy importante para las redes corporativas sobre 5G. Tras las subastas en otras frecuencias, el espectro para estas nuevas redes solo lo tienen grandes operadoras como Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil. Pero como la disponibilidad de uso en los 26 GHz es mucho mayor –8,5 veces más que en los 3,5 GHz y hasta 54 veces más que en los 700 MHz–, la opción de que las empresas privadas puedan montar sus propias redes es mayor. Eso sin olvidar la posible entrada de nuevos actores como Amazon, Microsoft y Cellnex.

Volviendo al informe del Tribunal de Cuentas, otro motivo que retrasa la asignación de bandas para 5G es la seguridad de las redes. En España. por ejemplo, en las subastas se introdujo una cláusula que les obligaba a cumplir con cualquier cambio futuro en la normativa nacional o europea, lo que generaba «incertidumbre» sobre sus decisiones de estrategias y compras sin que quedase claro si se les compensaría.

Al sector le preocupa especialmente la consideración de «alto riesgo» para algunos proveedores extranjeros, algo en lo que no existe un planteamiento concertado en los Veintisiete. Aparte del problema de que al operar bajo legislaciones de terceros países pueden chocar con normas de la UE, preocupa que las subvenciones que reciben de sus Estados «distorsionen el mercado interior y creen condiciones de competencia desiguales». China es la gran señalada, pero restringir a sus empresas elevaría los costes europeos de inversión para 5G en 24.000 millones el próximo decenio. Retirar y sustituir los equipos que ha suministrado desde 2016 añadiría otros 3.000 millones.