La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova

Las indemnizaciones superan los 160 millones, y sus beneficiarios son sus accionistas Luxempart (51 millones); Damm (40 millones); Silicon Metal (23 millones); o Disa (6,6). Además, se establecen pagos para Bankia (20 millones), UBI Banca (19 millones) y Banco Espirito Santo.

La sentencia cierra -con posibilidad de recurso- un proceso que se remonta a 2013, cuando Pescanova solicitó el concurso. El juicio se extendió desde diciembre de 2019 hasta finales de julio.

Los hechos probados de la sentencia muestran que bajo el mandato de quien fuera presidente ejecutivo de Pescanova entre 1985 y 2013, ante la dificultad de seguir disfrutando de la financiación bancaria que le servía de soporte para su funcionamiento, «al menos desde finales de 2007, ideó una serie de mecanismos que tenían por objeto aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a Pescanova seguir obteniendo financiación bancaria y ostentar frente al resto de los socios y terceros interesados en invertir una situación económica y financiera positiva».

La compañía solicitó créditos a través de operaciones con filiales de ultramar; creó sociedades 'ad hoc' para aparentar unas relaciones comerciales de compraventa de pescado, en realidad inexistentes, pero aptas para lograr líneas de factoring o pólizas de descuento bancario; usó antiguos clientes, incluso sin su consentimiento, con objeto de aparentar frente a los bancos una fluida relación comercial, igualmente inexistente; y ocultó filiales que deberían estar en el perímetro de consolidación. Con ello, «estaríamos ante un delito de estafa en el que los engañados por la sociedad eran los bancos y el mecanismo del engaño fueron esas facturas supuestamente vinculadas a unos inexistentes contratos de compraventa de pescado».

Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otras manipulaciones en las cuentas «para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores».

Según la sentencia las prácticas fueron llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del consejo de administración, Manuel Fernández de Sousa-Faro. Éste, a su vez, contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de administración, Alfredo López Uroz; el financiero, dirigido por Antonio Taboas, y determinados empleados de confianza, como José Manuel Gil González o Ángel González Domínguez.

La sentencia considera también acreditado que el presidente de Pescanova y su esposa, Rosario Andrade -condenada a un año de cárcel-, sacaron cuatro millones y medio de euros de las cuentas de España e ingresaron el dinero en dos entidades de la localidad lusa de Valença, después de que se conociera que las cuentas no reflejaban la situación real de Pescanova y se hubieran presentado las primeras querellas. Además, trataron de transferir el dinero a una cuenta previamente abierta en Hong Kong.

Pescanova S. A., que ha sido condenada a dos años de multa a razón de 30 euros al día por estafa agravada y falseamiento de información económica y financiera con atenuante de confesión, ha anunciado que estudia desde ayer el recurso. En él defenderá que, en realidad «era una perjudicada y que no se la podía juzgar como beneficiaria de los actos de la antigua dirección». La compañía reconoce que «los actos de la antigua dirección determinaron el concurso de acreedores», «la pérdida de todo el negocio productivo de la compañía, que se traspasó a una sociedad en la que, en el momento actual, Pescanova sólo tiene una participación del 1,67%» y «la pérdida por parte de los accionistas de prácticamente toda su inversión». Según la empresa, «a la vista de los perjuicios notabilísimos causados a Pescanova y a sus accionistas, no podemos estar de acuerdo con que se nos condene asumiendo que los restantes acusados actuaron en beneficio de Pescanova».

El auditor, BDO, condenado a la misma pena pecuniaria, también recurrirá: «La actividad auditora mostrada por la prueba en el juicio oral es, en nuestra opinión, incompatible con el fallo» y, por ello, anticipan que «resulta imperativo solicitar la revisión». Además, alegan que no figura en los hechos probados «en qué hubiera consistido el incumplimiento de sus deberes de impedir delitos». BDO Auditores y Santiago Sañé, socio de la firma y condenado a tres años y medio de prisión, se consideran «engañados y víctimas del entramado y fraude organizado por la dirección de Pescanova».