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ASPROCAN apoya las movilizaciones del sector agrario canario convocadas el 21 y 24 de febrero

ASPROCAN apoya las movilizaciones del sector agrario canario convocadas el 21 y 24 de febrero

La grave situación del sector se ha acelerado como consecuencia del proceso inflacionario y requiere de medidas urgentes que permitan competir en igualdad de condiciones con importaciones

Lunes, 19 de febrero 2024, 14:20

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Los fuertes incrementos de costes y la continua actuación de destrucción de precios mayoristas por parte de las importaciones de terceros países en España son inasumibles, por lo que en representación del sector platanero de Canarias, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) apoya las movilizaciones convocadas en el Archipiélago esta semana.

El sector platanero viene sobreviviendo a la competencia desleal de las importaciones desde hace más de 30 años y, gracias a su labor de comercialización, diferenciación y promoción; el apoyo de los hogares españoles; y la ayuda de las instituciones, ha logrado mantenerse como un sector principal de actividad, que el pasado año 2023 fue capaz de aportar a la economía de Canarias más de 365 millones de euros en venta de fruta.

Sin embargo, la situación de los productores atraviesa una situación crítica, pues los incrementos de costes sitúan la actividad exportadora hasta en un 40% por encima de lo obtenido por el propio mercado. Sin duda, el efecto de las importaciones de banana, que continúan en España en los mismos precios de venta desde hace más de una década, representa un bloqueo intencionado al que es imposible superar en las actuales condiciones de mercado.

Los productores canarios reclaman medidas en el ámbito comunitario, nacional y regional

Por ello, el sector se une a las movilizaciones, reclamando actuaciones concretas a los diferentes gobiernos. En el caso de la Unión Europea y al Gobierno de España en relación con las autoridades comunitarias, el sector requiere igualar las condiciones de producción exigidas a las importaciones de terceros países con aquellas que son ya obligatorias para las producciones comunitarias, particularmente en referencia a los criterios de sostenibilidad medioambiental, seguridad alimentaria y seguridad de los trabajadores. Ciertamente, es una decisión de ámbito comunitario, pero es necesario y viable aprobar con urgencia las modificaciones regulatorias comunitarias adecuadas para que solo las materias activas químicas que cuenten con autorización para su uso en Europa puedan ser aplicadas a las bananas importadas de terceros países.

Igualmente, el sector entiende que es necesario establecer una actuación coherente entre los ámbitos de regulación de la comercialización de frutas de la Unión Europea por un lado, y las exigencias medioambientales de producción de frutas por otro. Es decir, que las normas comunitarias de comercialización de fruta incluyan condiciones de sostenibilidad y medioambiente, ya que las actuales normas únicamente priman la apariencia externa de la fruta y, por tanto, favorecen a aquellas producciones de importación con mayor número de aplicaciones químicas en el cultivo.

En el ámbito de competencias nacionales, el sector solicita al Gobierno de España adoptar medidas que eviten la diferencia abusiva entre los márgenes comerciales que son aplicados en la venta al público de productos nacionales respecto de los que se aplican a los importados de la misma categoría. El objetivo: evitar las estrategias de venta sin margen o a pérdidas que benefician a las importaciones en perjuicio de la demanda de las producciones españolas.

Una medida que es posible compatibilizar con acciones y normativa dirigida a informar a los consumidores respecto a los criterios de sostenibilidad social y medioambiente que diferencian a las producciones europeas de las importaciones de terceros países.

Por último, en el caso de la administración regional, el sector entiende que en línea con la menor burocratización, el sector en Canarias requiere agilizar la tramitación de expedientes y reducir los procesos burocráticos que en muchos casos impiden el acceso a ayudas a la actividad y generan perjuicios graves para productores que se ven así en la imposibilidad de continuar.

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