Los ánimos entre los transportistas canarios vuelven a caldearse a cuenta del tacógrafo

Los transportistas de la FET, entre los que se encontraban los representantes de la Asociación de Transporte de Mercancías (Asemtra), se reunieron ayer con el consejero del área, Sebastián Franquis, en el último encuentro de la ronda iniciada por el Ejecutivo y por la que han pasado también los cabildos y los sindicatos para tratar de consensuar los cambios en el uso del tacógrafo que demandan los camioneros.

En el encuentro se puso de manifiesto el rechazo de los sindicatos a realizar modificaciones, algo que no entienden los transportistas, dado que los cambios que pretenden no afectan al control en la jornada laboral.

Como indicó ayer el secretario general de la FET y también de Asemtra, José Ángel Hernández, el tacógrafo tiene dos partes: una en la que se lleva el control de las jornadas laborales y que no pretenden cambiar y una segunda en la que se registran otro tipo de datos y que se quiere modificar por las elevadas multas a las que da lugar. «El tacógrafo, por ejemplo, se basa en la existencia de áreas de descanso, de forma que los transportistas tienen que hacer paradas de 15 minutos con un total de 45 en cuatro horas y media. Eso es fácil en península pero aquí no existen esas áreas. Un camionero que vaya de Arinaga al puerto de Las Palmas y se vea en un atasco se le puede pasar ese tiempo y ya es motivo de multa», explica Hernández.

En la reunión de ayer se concretó cerrar una próxima reunión entre la FET y los sindicatos para tratar de aunar posturas. Se prevé que el encuentro se celebre la semana próxima, aunque dependerá de la agenda.

En cualquier caso, a la espera de que se cierre esa reunión los transportistas de Asemtra han convocado para el lunes una reunión en la que se analizará la situación actual. «Aún es pronto para saber lo que saldrá de ahí pero hay malestar», indica.

Cada año las multas de los transportistas por el tacógrafo ascienden en las islas a cinco millones de euros, de los que dos son en Gran Canaria, otro tanto en Tenerife y un millón en Lanzarote y Fuerteventura. Cada infracción ronda entre los 1.000 y 4.000 euros. «La jornada laboral debe cumplirse y si alguna empresa abusa se debe sancionar pero no es de recibo que se impongan multas por algo que en Canarias no tiene encaje», manifiesta Hernández.