Imagen de una empresa trabajando en un proyecto de construcción en Fuerteventura. / C7

El alza de los costes deja 200 licitaciones desiertas en las islas y más de 70 millones en el aire

Los constructores avisan de un problema que se está agravando. Muchas empresas que tratan de dejar los contratos al no poder asumir los sobrecostes son amenazadas con multas del 3% del importe de la obra

Silvia Fernández
SILVIA FERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

Las patronales del sector de la construcción de las dos provincias canarias, la AECP de Las Palmas y Fepeco de Santa Cruz de Tenerife, urgen a tomar medidas ante el aumento creciente de licitaciones de obras que se están quedando desiertas en el archipiélago a consecuencia de los sobrecostes de los materiales y la inacción de las administraciones para cubrir la subida de los precios.

Las licitaciones están saliendo con unos precios que se han quedado desfasados y que llevan a las empresas a renunciar a presentar ofertas. En el último año y medio se ha quedado sin cubrir 200 licitaciones por un importe de 72 millones de euros, según datos de Fepeco. Hasta septiembre, son 115 las obras desiertas por casi 50 millones de euros, según la AECP.

Entre las últimas licitaciones que han quedado en el aire y por poner algunos ejemplos está una obra de depósito, conducciones y distribución en la isla de La Palma convocada por Gesplan por valor de más de un millón de euros; la obra de reforma interior de la biblioteca y zonas anexas del edificio sede de la Consejería de Hacienda y Presupuestos en la capital grancanaria por otro millón de euros y otra del Cabildo de Lanzarote, de 2,4 millones de euros, para proyecto básico e intervención en el parque urbano de Playa Honda y de Guacimeta, en San Bartolomé.

«Un sufrimiento que no tiene nombre»

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Construcción de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, apunta que el problema es mayor y hay empresas dentro de contratos que, al intentar dejarlos ante la imposibilidad de cubrir los sobrecostes y el rechazo de las administraciones de asumirlos, se encuentran con multas del 3% del importe de la obra. «Pueden pasar dos cosas, que no puedas pagar ese 3% porque es imposible, o coger la obra y tratar de recuperarla en el camino. Un sufrimiento que no tiene nombre porque los ayuntamientos no se están acogiendo con carácter general a la revisión de precios», insiste.

Según apunta, entre las administraciones locales «hay alguna excepción» pero la generalidad «no se está mojando» y no está actualizando los precios pese al dictamen emitido por la Fecam. « Somos las empresas las que estamos financiando el 40% de las obras de los ayuntamientos y la situación es límite», indica Salud Gil, que acusa a las administraciones de «enriquecimiento injusto».

Salud Gil se queja de que los tres reales decretos ley que aprobó el Gobierno de España en este sentido «han sido un tomadura de pelo» para el sector. «Nos han engañado». afirma.

«Es un engaño»

El primero de los decretos permitía revisar los precios de cuatro materiales: acero, aluminio, bituminoso y cobre, pero no cubre prácticamente nada de los sobrecostes, según Salud Gil. «Esa revisión está muy teledirigida a las infraestructuras que le interesaban al propio Ministerio. Lo que pensamos que era un logro fue un engaño», indica.

El segundo decreto, según Salud Gil, fue para incluir las obras de Aena y el tercero es un «sálvese quien pueda». «La realidad es que el 97% de las obras no entran en ninguno de los tres. Solo el 3% se revisa. Esto con el negacionismo municipal nos hunde», manifiesta.

El sector exige compensaciones

En el mismo sentido se expresa el presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, que asegura que muchas empresas están al borde de la quiebra por esta situación. «Muchas administraciones dicen que están tramitando la revisión de precios pero el dinero no llega. Estamos financiando a los ayuntamientos», insiste.

«La legislación debe permitir el eventual restablecimiento del equilibro económico de los contratos públicos», indica Izquierdo, que aboga por que los contratistas perciba una indemnización o compensación por los daños y perjuicios sufridos por el aumento del precio de las materias primas y del retraso anormal en el suministro de materiales.

Según indica, son las pequeñas y medianas empresas las que más están sufriendo la situación, ya que las grandes «se salvan» con por los reales decretos al acometer grandes infraestructuras viarias y ferroviarias en la península.

Diálogo para no tener que parar toda la obra pública

El portavoz presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, aboga por abrir el diálogo con la administración al fin de encontrar un solución pactada al problema. «No buscamos enfrentarnos sino encontrar un punto de unión junto con la Consejería de Obras Públicas , los cabildos y los ayuntamientos para solventar el problema», indica Izquierdo. Según señala, se trata de evitar el llegar al punto de Baleares, en donde las empresas constructoras han amenazado al Gobierno de la socialista Francina Armengol, con parar la obra pública si en quince días no se actualizan los precios.

Izquierdo recuerda que el problema se da en todo el Estado aunque las soluciones se pueden buscar en el Ejecutivo regional. «Se legisla desde la teoría pero después la administración pública no tiene capacidad de ejecutar», dice.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, apunta que la subida de los precios no solo afecta a la obra pública sino también a la privada, como son las promociones de viviendas. Una reciente encuesta realizada por la AEPC, apunta a que el 70% de los promotores están ralentizando la inversión. Los que están en una promoción ya están llegando a acuerdos con los clientes para asumir al 50% el alza de los costes.