Aena se ahorrará 10 millones al año si privatiza las torres de control de Gran Canaria y Tenerife
Controladores en empresas privadas denuncian el incumplimiento de los procedimientos normativos. «Puede haber ahorro pero no va al pasajero y la seguridad se compromete», avisan
La posibilidad de que se privaticen las torres de control de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, que son la únicas que siguen siendo públicas en las islas y dependen de Enaire, es un debate que está sobre la mesa.
El Ministerio de Transportes publicó en marzo una orden ministerial para liberalizar las torres de siete aeropuertos españoles, entre ellos los tres grandes de Canarias. La propuesta ha suscitado rechazo de algunos sectores, partidos como Coalición Canaria y entidades como la Federación Canaria de Islas (Fecai) que esta misma semana rechazó la privatización.
DEBATE
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Inicio En 2011 el Gobierno liberalizó doce torres de control en nuestro paíse, entre ellas Lanzarote y Fuerteventura.
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Evolución El Ministerio sacó en marzo una orden apuntando a siete aeropuertos entre ellos los de Tenerife y Gran Canaria.
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Rechazo Partidos como Coalición Canaria se ha mostrado contrario, al igual que la Fecai. Los controladores, también.
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A favor Aena aboga por privatizar para ahorrar costes. Las aerolíneas también se ha mostrado a favor de liberalizar.
Desde el Gobierno se justifica la liberalización -que ahora mismo está en 'stand by' probablemente a la espera de los resultados del 23J- en base a los criterios de eficiencia y ahorro económico sin que se vean afectados, según indican, ni la calidad ni la seguridad del servicio.
Con los datos en la mano y extraídos de los estudios realizados sobre el ahorro que tendría la privatización, Aena se ahorraría en las islas hasta diez millones de euros al año si se privatizara el control aéreo. En diez años el ahorro rozaría los 100 millones de euros, lo que supone el 60% del coste total, según estos estudios.
En el caso de Gran Canaria, que tiene actualmente 37 controladores, el gasto anual ronda los 7,2 millones de euros. En el de Tenerife Norte, con 15 profesionales, el coste ronda los 3,7 millones de euros y los 5,5 millones de euros desembolsa Aena cada ejercicio para el control aéreo en Tenerife Sur. Entre los tres aeropuertos, Aena gasta al año en torno a 16,5 millones de euros. Si esos contratos salieran a licitación y se adjudicataria a empresas privadas a precios de mercado, el coste se reduciría casi un 60%, hasta los 6,5 millones de euros al año. El ahorro por tanto anual sería de unos diez millones. A tres años, Aena se ahorraría 30 millones y 100 en una década, según recogen estos informes que ponen en evidencia que privatizar «sale a cuenta».
Frente a estos argumentos, los trabajadores de este servicio -los controladores aéreos- advierten que liberalizar y permitir la entrada de empresas privadas deriva en un «dudoso proceder» en la gestión e «incumplimientos» de los procedimientos de actuación que van en contra de la seguridad operativa. «Nunca se han producido incidentes graves pero las normas no siempre se cumplen. De igual forma si se producen eventos se rebaja la gravedad a la hora de notificarlos», indican.
Estas fuentes apuntan como ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que en 2018 falló a favor de un controlador y de un jefe de torre en el aeropuerto de Fuerteventura, privatizado ya entonces, y que fueron despedidos de forma fulminante por negarse a permitir la salida de un vuelo que se había retrasado pasada la hora de cierre del aeródromo. La Justicia les dio la razón y consideró que habían actuado de forma correcta y siguiendo los procedimientos de actuación, ya que a esa hora el aeropuerto no contaba ya con servicios de emergencias, por ejemplo, para actuar en caso de incidencia.
«Esas presiones se dan en muchas ocasiones para que Aena esté contenta y no haya ningún problema ni retrasos con los vuelos», indican estas fuentes. Como apuntan, no suelen ocurrir incidentes graves pero en el caso de que se produjera uno el responsable sería el controlador que toma la decisión, aunque lo haya hecho «presionado» por la empresa y bajo el riesgo de ser despedido o que se tomen medidas en su contra, como reubicarlo en otro aeropuerto lejos de su lugar de residencia, «como ya se ha hecho en algún caso» porque el convenio lo contempla.
«El ahorro solo va a los accionistas de Aena»
Los controladores aéreos consultados rechazan el argumento del ahorro de costes para justificar la privatización. Como señalan, en los aeropuertos que se han privatizado Aena no ha bajado las tasas y por tanto no se han abaratado los billetes aéreos. «Son las mismas tasas en los aeropuertos con torres privatizadas y en las públicas. Aquí la única que gana es Aena y sus accionistas que se reparten mayor beneficio con lo que se ahorran del servicio público», indican fuentes de los controladores.
Como ejemplo de la diferencia que es trabajar en una torre pública y en otra privada, según relata un controlador que ha trabajado en ambos lados, en las públicas los controladores tienen jornadas de 40 horas y su trabajo es de control aéreo exclusivamente. Puede haber algunos controladores que se dediquen a tarea administrativas, como actualización de procedimientos y coordinación de fronteras internacionales, entre otras, «pero se dedican a ello», apuntan estas fuentes. «En lo público el controlador se dedica a lo que tiene que hacer. Hace turnos de dos horas y luego descansa media», indican estas fuentes, que señalan que en las torres privatizadas se encomienda al controlador labores de control y administrativas al tiempo. «Está atendiendo el tráfico y al mismo tiempo avanzando en algún excel o estadística que le encomiendan. Al recortar personal te piden más para cubrir los puestos que faltan», indican estas fuentes.
Los salarios es otra de las grandes diferencias. Según señalan, hay controladores en aeropuertos como el de La Gomera, que tiene sistema Afis, que ganan 1.400 euros netos al mes en 12 pagas y sin extra. «No se corresponde con la responsabilidad», indican estas fuentes, que critican lo que la privatización está provocando en la profesión. En este sentido, critican que algunas de las empresas que llevan las torres de control tienen escuelas de formación. «Es un negocio redondo», indican.
