Adeslas rechaza renovar con Muface y deja sin sanidad a medio millón de funcionarios

Era la aseguradora principal, por la que se decantaban la mayoría de empleados públicos, con lo que con el nuevo año ese más de medio millón de funcionarios y sus familias tendrán que reubicarse en otra compañía aseguradora (en el caso de que finalmente alguna se presente al concurso) o bien cambiarse a la sanidad pública. Lo que es seguro es que uno de cada tres funcionarios no tendrá el mismo cuadro de profesionales médicos y hospitales en los próximos tres años, con las complicaciones que eso puede acarrearles, puesto que habrá personas que estén bajo tratamientos de larga duración.

No es viable. Esto es lo que argumenta Adeslas, que afirma ¬–en un comunicado publicado este viernes– que el nuevo concierto le generaría unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, casi las mismas que ha registrado entre 2022 y 2024. Y ello pese a que el Gobierno mejoró mucho el presupuesto que en un principio había previsto, duplicando incluso la subida y elevándola al 33,5%. Sin embargo, Adeslas considera que el modelo de Muface es «económicamente insostenible» tras años siendo deficitario. Asegura que si se mantuviera en el concierto «comprometería la solvencia y el futuro» de la empresa, y recalca que «las cifras de pérdidas fueron en su día verificadas por una firma de auditoría de primera línea».

Adeslas había reclamado al Gobierno un incremento de la prima muy por encima del aprobado, del 47%, y para dos años solo, para 2025 y 2026. Así se lo comunicó al Ministerio de la Función Pública cuando este solicitó a las aseguradoras que le informaran de las condiciones económicas para participar en la segunda licitación de Muface, tras quedar desierto el primer concurso. Y, de hecho, la compañía ya se había despedido de sus mutualistas por carta antes de la nueva licitación.

Pero los más de 1,5 millones de empleados públicos en Muface tendrán que esperar ahora al 15 de enero, fecha en el que finaliza el plazo dado por el organismo a las aseguradoras para suscribirse al nuevo convenio. Habrá que confiar en que las otras dos compañías que están en Muface, DKV y Asisa, que tienen a más de 570.000 funcionarios bajo su cobertura, sí decidan finalmente presentarse o, de lo contrario, se abriría una grave crisis en la sanidad. Las opciones son favorables, ya que ambas ven la nueva propuesta con mejores ojos que la anterior, según explicaron a este periódico.

El colectivo, por su parte, tiene todo el mes de enero para decidir si se cambian de la sanidad pública a la privada (ese medio millón que está en la Seguridad Social), o de un seguro a la sanidad pública o incluso a otra compañía. En cualquier caso, el Gobierno ha prorrogado el actual modelo hasta el próximo 31 de marzo y a partir de abril abrirá otro plazo para que los funcionarios reviertan su decisión y transiten de un sistema a otro.

Los sindicatos están, mientras tanto, vigilantes. Desde CSIF han exigido al Gobierno una reunión «al más alto nivel» para analizar la situación de la sanidad de los funcionarios ante el descuelgue de Adeslas. Además, el sindicato instó al Gobierno a que haga público «con total transparencia» los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto, así como la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Muface.

También CSIF pidió a las aseguradoras la máxima responsabilidad ante la gravedad de la situación. «Durante años han colaborado con el modelo de Muface, por lo que les pedimos que no abusen de su situación», remarcaron.