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Reunión de trabajo en la Cámara de Comercio. C7

La actualización de la Ley del Suelo recibe 180 alegaciones en fase de información pública

La vicepresidenta de la Cámara, Salud Gil, cree se debe analizar el impacto de la norma sobre los precios de la vivienda

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 9 de junio 2025, 18:46

El proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias ha recibido 180 alegaciones durante el trámite de información pública, según manifestó este lunes la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, durante un encuentro celebrado en la sede de la Cámara de Comercio e Industria en la capital grancanaria.

Zárate destacó que se trata de un documento «de consenso» que «profundiza en el proceso de simplificación y agilización» de la ordenación del territorio en Canarias, corrigiendo y mejorando ciertos aspectos. «La ley aspira a recoger todas las sensibilidades sociales, de una manera ponderada», de tal manera que la ley del suelo «sea útil y al servicio de la sociedad», apuntó la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico.

En el encuentro de trabajo, además de Zárate, estuvieron presentes el director general de Ordenación Territorial y Cohesión Territorial, Onán Cruz; la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Salud Gil; y representantes de colectivos empresariales y profesionales, que plantearon cuestiones referidas a la actualización de la Ley del Suelo, pero también sobre el proyecto de ley de agilización de licencias urbanísticas.

En este punto, la viceconsejera señaló que «el hecho de que un decreto ley tenga crítica, no deja de ser normal», pero el objetivo «es bueno» y «habrá que trabajar, conciliar, para que esté al servicio de toda la sociedad».

Por su parte, Salud Gil explicó que la patronal ha abierto un debate con el Gobierno en referencia a tres aspectos de la propuesta que «consideramos fundamentales: el impacto sobre el precio de la vivienda, que los procesos de participación para los procedimientos de ordenación territorial sean suficientes; y que todo el esfuerzo se alinee con las estrategias europeas y del propio Ejecutivo autonómico en materia industrial y sociosanitaria».

«La Ley, por tanto, debe ser una herramienta para declarar de interés público ambas estrategias», señaló.

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