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Domingo, 21 de julio 2024, 23:05
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Más de 20.000 personas, según Policía Nacional, y 50.000, según los organizadores, han salido este domingo a las calles de la ciudad de Palma de Mallorca para protestar contra la masificación turística, en una manifestación convocada por las plataforma 'Menys turisme, més vida'. A la numerosa manifestación se adhirieron un total de 111 entidades, entre las que hay colectivos ecologistas, vecinales, sindicales, educativos y culturales. Según el portavoz de los organizadores, Pere Joan Femenia, «el objetivo es cambiar el rumbo» porque «la población está harta de un modelo económico que no tiene en cuenta las problemáticas que genera en los residentes y», además, «sólo piensa en seguir creciendo».
«Llevamos ya años manifestándonos y haciendo acciones contra el modelo turístico», ha explicado Femenia, quien, sin embargo, ha precisado que, ciertamente, ha habido algo que ha motivado a los ciudadanos de Baleares a salir ahora «con más fuerza» a la calle y han sido «las manifestaciones que este año han tenido lugar en las Islas Canarias». «Es ahora, después de más de dos años de récords turísticos, que la población ha dicho basta, que quiere poner un punto y final a este crecimiento, y medidas concretas para limitar y decrecer en el número de turistas que vienen» a la isla, así como «mejorar el bienestar de la población local», ha subrayado.
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Francisco Suárez Álamo / Edurne Martínez
Las principales medidas que demanda la ciudadanía, ha detallado Femenia, «están enfocadas en decrecer el número de turistas, regular y limitar la entrada de cruceros y aviones que lleguen a Baleares, poner una moratoria, que vaya decreciendo el número de plazas turísticas que tiene la isla, controlar la compraventa de no residentes y la entrada de coches de alquiler que acceden a Baleares, y hacer un estudio de capacidad de carga, de acuerdo con la capacidad que tienen las Islas de acoger una masa de población cada vez más insostenible», informa Europa Press.
Asimismo, el portavoz de la plataforma 'Menys turisme, més vida' ha tenido un mensaje para aquellas personas y políticos que dicen que en Baleares se vive del turismo. A todos ellos, ha dicho, «les respondería que hace muchos años que la riqueza no se está distribuyendo», sino que «se está acumulando en los grandes capitales». «Tenemos un 21% de población que está en riesgo de pobreza y, cada vez, la situación es más insostenible, por ello, este domingo, la población sale a manifestarse», ha incidido.
Más en detalle, Femenia ha señalado que «las últimas cifras del año pasado ya cifraban en unas 12 o 13 personas que venían a visitar Mallorca por cada residente». «Incluso ahora ya se está llegando a unas 15 personas por residente que quieren visitar Baleares», ha precisado. «Estamos llegando a cifras récord nunca vistas y más de 20 millones de turistas que quieren visitar Baleares», ha destacado.
Atendiendo al lema de la manifestación, 'Cambiemos el rumbo, pongamos límites al turismo', los mallorquines se han movilizado este domingo para exigir a la administración «un cambio de rumbo», con pancartas y cánticos, así como con cruceros y aviones, a escala, incluso algunos con la casa «del futuro» para denunciar, según podía leerse en ésta, que el turismo «es precariedad laboral, masificación, desigualdad social, destrucción del territorio, aniquilación de la cultura autóctona, dependencia económica y contaminación.
La manifestación, que ha tenido lugar sin incidentes, ha transcurrido por algunas de las calles más céntricas y, a la vez, «turistificadas» de Palma. Al finalizar se ha leído un manifiesto en el que se ha exigido a los responsables políticos «acciones claras enfocadas a poner límites e iniciar el cambio de rumbo de modelo económico». Un modelo económico que, de acuerdo con el manifiesto que se ha leído, «nos expulsa, nos precariza, destroza nuestro territorio, consume recursos que no tenemos y nos aboca a la dependencia de un solo sector económico que nos hace una sociedad vulnerable y sin alternativas».
El manifiesto ha puesto asimismo énfasis en denunciar el «drama» en el acceso a la vivienda, el «empobrecimiento» de los trabajadores, y la «legalización de hasta 50.000 construcciones con infracciones urbanísticas en suelo rústico»... así como en la necesidad de «poner límites» para garantizar un «desarrollo sostenible», es decir, «un modelo justo, igualitario», que atienda «la actual crisis ecológica y social» mediante el «decrecimiento turístico y la diversificación de la economía» con criterios de «justicia social». Entre las medidas que proponen figuran «la regulación de la compra-venta de vivienda a no residentes, dejar de invertir dinero público en ampliación de infraestructuras --puertos, aeropuertos, carreteras, desaladoras-- y en promoción turística, decrecimiento en número de vuelos y moratoria de cruceros, establecimiento de máximo de vehículos de alquiler», etcétera.
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