Factura de la luz / óscar chamorro

Más de 130.000 hogares pierden el bono social por no renovarlo

A finales de 2020 había 1,2 millones de casas con este descuento de la luz cuya reactivación vuelve a ser necesaria desde octubre para disfrutarlo

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid

El goteo de familias que han ido perdiendo el bono social eléctrico –el descuento de al menos un 25% en la parte de consumo de la factura– se ha incrementado de forma considerable desde que el pasado 30 de septiembre volviera a estar activa la obligación de solicitar la renovación de esta ayuda a medida que se cumplan los dos años desde que se concedió en cada hogar. No todos los ciudadanos son conscientes de este procedimiento, habitualmente por desinformación. Más aún después de que quedara paralizado temporalmente durante el primer estado de alarma y el verano. Estos cambios normativos han provocado que unos 133.000 titulares de contratos hayan dejado de ver cómo sus compañías de referencia les aplican el correspondiente descuento en sus recibos.

Hasta el pasado 22 de noviembre tenían reconocido este derecho 1.207.500 beneficiarios. Sin embargo, el 9 de agosto de 2020 el sistema registró el máximo histórico de usuarios del bono social, con 1.339.233 titulares. En medio de esos tres meses, justo a partir del 1 de octubre, se activó la necesidad de renovarlo. Lo deben hacer las familias que hayan disfrutado del bono tras dos años, a medida que se vaya cumpliendo ese plazo en cada contrato. Pero, en realidad, una buena parte de los perceptores no lo han hecho, indican fuentes del sector. Por ello, en el tramo final de 2020 ha caído el número de hogares acogidos en un 10% con respecto al máximo del verano. Y lo ha hecho a las puertas del invierno, con temperaturas más bajas que obligan a mantener las viviendas en unas condiciones de habitabilidad más adecuadas tirando más del uso de la electricidad.

En cualquier caso, las compañías de referencia (las comercializadoras del precio regulado de Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Total y CHC) han informado a sus clientes sobre la necesidad de realizar ese trámite. De hecho, han puesto en marcha diversos tipos de campañas activas en cada uno de sus territorios; han incorporado este recordatorio en las facturas de la luz; o han enviado misivas específicas para alertar sobre el final del bono social y la necesidad de reactivarlo en cada hogar.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica apuntan que, tras un periodo inicial en octubre en el que numerosos contratos salieron de este sistema de protección, en las últimas semanas ya perciben un incremento de hogares con el bono eléctrico. En la última semana con datos disponibles, la del 16 de noviembre, fueron 3.238 los beneficiarios netos nuevos (salidas menos entradas) que registró el sistema.

Tal como establece la normativa, las personas beneficiarias del descuento deben tramitar una solicitud de renovación cada 24 meses para verificar que siguen cumpliendo los criterios de asignación de ayudas definidos por el Gobierno central, y de esta forma poder obtener el descuento de la tarifa eléctrica. Debido al estado de alarma por el coronavirus, el Ejecutivo prorrogó la vigencia automática del bono social para aquellos clientes que debían renovarlo en estas fechas. El periodo de renovación se extendió sin necesidad de realizar ningún trámite adicional hasta el 30 de septiembre.

Los requisitos a cumplir

Para beneficiarse del descuento es imprescindible tener contratada la tarifa eléctrica Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) y una potencia igual o inferior a 10 kilovatios en la vivienda habitual.

Existen cuatro tipo de descuentos, dependiendo del tipo de consumidor que se trate: vulnerable (25% de rebaja), vulnerable severo (40%), riesgo de exclusión social (50%) y afectados por la crisis del coronavirus (25%).

En el primer caso (consumidor vulnerable), la renta de la unidad familiar no puede superar los 11.279 euros al año (hogares sin hijos), 15.039 euros (un hijo) o 18.799 euros (dos). También está disponible para familias numerosas y pensionistas con prestaciones mínimas. Para acogerse a la condición de consumidor vulnerable severo, todos esos umbrales de renta deben reducirse a la mitad. Los de riesgo de exclusión social deben cumplir con los requisitos económicos de los vulnerables severos, además, ser atendido por los servicios sociales de una Administración Pública (autonómica o local) que financien al menos el 50% del importe de su factura a PVPC. En caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro. Además, percibirán el bono los autónomos que hayan cesado su actividad –o registren una caída de facturación del 75%– bajo determinados requisitos.

Personas solas en casa, las que más necesitan la ayuda eléctrica

Los últimos datos disponibles del bono social revelan cómo son los hogares con una sola persona los que más contratos beneficiados tienen de todo el sistema. En concreto, son más de 660.000 usuarios con este perfil de los 1,3 millones de perceptores que había en julio, el último mes con las cifras desagregadas disponibles en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, entre todos los hogares con una sola persona algo más de la mitad (unos 361.000) tienen reconocia la condición de consumidor vulnerable severo (los que tienen unos ingresos más bajos y, por tanto, acceden a un descuento mayor en el recibo eléctrico). Los otros 305.000 son usuarios con el perfil de vulnerable ordinario, con rentas algo más elevadas y una ayuda del 25% sobre la factura.

Por detrás del grupo de hogares con una sola persona, son las familias numerosas y los pensionistas los dos grandes colectivos que acaparan un mayor número de contratos ligados a este descuento de la factura eléctrica. Hasta el pasado mes de julio, un 25% de los perceptores eran familias numerosas, un 12% pensionistas y el 43% restantes, familias con bajos ingresos.

De los algo más de 1,3 millones de perceptores que había en verano, las familias con tres o más miembros tenían reconocidos unos 323.000 contratos de bono social. De ellos, algo más de 235.000 como consumidores vulnerables y otros 88.000 como severos.

A continuación se sitúa el colectivo de los pensionistas, que acaparan unos 158.000 contratos vinculados a esta ayuda para afrontar el pago de la luz. De ellos, 95.000 estaban reconocidos como vulnerables y otros 63.000 en situación severa.

En el caso de los autónomos afectados por la crisis del coronavirus (un nuevo colectivo beneficiario desde esta crisis), apenas había 5.000 beneficiarios de esta medida en verano.