Carta abierta sobre los controles antidopaje

Esto es lo que afirmaba recientemente el señor Director Técnico de la Federación de Lucha Canaria en un artículo difundido en redes sociales: «La lucha canaria se aproxima y equipara a los deportes modernos profesionales».

Pero la realidad es otra.

Durante años se ha asumido -yo mismo lo hice- que no se realizan controles antidopaje por una supuesta falta de recursos. Que no hay dinero. Que es inviable. Que, al tratarse de un deporte autóctono, la lucha canaria tiene otras prioridades.

Puede que esa justificación haya servido durante un tiempo... Pero ya no.

¿De verdad seguimos creyendo que no hay dinero para controles antidopaje?

En un artículo que publiqué el 1 de junio, titulado 'De la Plaza de Callao a la realidad de nuestros terreros', ya advertía sobre las prioridades invertidas que estamos viviendo: desaparecen equipos, falta base en muchos municipios, y, sin embargo, se destinan recursos a exhibiciones y campañas de imagen.

Y entre todos esos problemas reales y urgentes, hay uno que no puede seguir ignorándose: la salud y la seguridad de nuestros luchadores.

Lo repito con claridad: hay dinero para la imagen, pero no para la integridad física de quienes se juegan el tipo en cada agarrada.

Cuando se apuesta por la visibilidad y el espectáculo —algo que no critico en sí mismo— también hay que asumir las responsabilidades que eso conlleva. Y una de ellas es garantizar el respeto a los valores del deporte. Entre ellos, la limpieza y la igualdad de condiciones. No puede haber lucha justa sin garantías mínimas.

Un sistema sin controles es terreno fértil para la sospecha.

Sé que el tema del dopaje incomoda. Que parece ajeno a nuestro deporte, 'traído de fuera', impropio de algo tan nuestro como la lucha canaria. Pero ese pensamiento ingenuo puede volverse en contra.

Más aún cuando son personas con cargos de responsabilidad quienes afirman, en publicaciones oficiales, que «la lucha canaria está encaminada hacia una modalidad semiprofesional».

¿Profesionalización o simulacro?

Uno de los textos institucionales más llamativos se titulaba, sin matices: «La lucha canaria se aproxima y equipara a los deportes modernos profesionales».

¿De verdad queremos avanzar hacia una supuesta profesionalización sin garantizar lo más básico para quienes luchan?

¿Sin controles antidopaje? ¿Sin revisiones médicas obligatorias realizadas por profesionales, como exige la normativa para obtener la ficha federativa?

Lo más grave es que, desde hace años -al menos desde 2020-, ni siquiera se está cumpliendo con este requisito fundamental, a pesar de estar recogido de forma explícita en el artículo 1.1.10 del reglamento vigente.

Ahora, al parecer, por fin se van a aplicar los controles de peso -es decir, altura y peso-.

Esta medida llega como segunda opción, porque ya existió una propuesta anterior, más estricta con el equilibrio deportivo, que fue descartada.

Aun así, se trata de un paso necesario para igualar mínimamente las condiciones de la contienda.

Pero no olvidemos que llevamos cinco años de libre albedrío, donde todo valía y el descontrol ha sido evidente.

Es un avance justo, sí, que al menos respeta el equilibrio físico entre los luchadores. Porque eso de que «el chico ganó y el grande perdió», con todo respeto, podemos dejarlo para otra ocasión.

Aunque todavía hay quien afirma que la lucha canaria es un caso único en el mundo por permitir total libertad de pesos, eso no es cierto.

De hecho, si analizamos los deportes de agarre practicados a nivel mundial, solo dos modalidades reconocidas permiten enfrentamientos sin divisiones de peso:

- El sumo profesional, donde luchadores de 70 u 80 kilos pueden enfrentarse a rivales que superan los 150 (con la salvedad de que solo es entre profesionales).

- Los torneos open class de grappling o jiu-jitsu brasileño, donde se enfrentan competidores de diferentes categorías dentro de una división abierta y voluntaria.

Nada más.

El resto de los deportes de lucha -incluidos todos los olímpicos- respetan divisiones de peso como garantía de seguridad, justicia y competitividad real.

¿Avance o retroceso?

¿Cómo podemos hablar de avance o modernización si no se garantiza ni lo más esencial: la salud de quienes pisan el terrero?

Y esta responsabilidad no recae solo en la Federación Canaria de Lucha. La Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y, en mayor medida, el Consejo Superior de Deportes del Estado español, también tienen la obligación de velar por la implantación de controles antidopaje y condiciones médicas mínimas.

Estamos hablando de salud pública, credibilidad institucional y respeto por los deportistas.

Si decimos -como tantos proclaman- que la lucha canaria es un deporte noble, de valores, de respeto y de verdad, no podemos seguir mirando para otro lado.

La integridad no se defiende solo con palabras. También se protege con hechos. Y los controles médicos y antidopaje, por incómodos que resulten, son uno de esos hechos ineludibles.

Esto debe saberlo el Director Técnico de la Federación, que está al frente del área deportiva y tiene, como mínimo, la obligación de velar por el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos.

No se trata de una figura decorativa.

Su presencia y participación en los órganos de decisión implica también responsabilidad.

Si la lucha canaria quiere parecerse a los deportes profesionales, que empiece por cumplir con lo mínimo exigible: salud, integridad, legalidad y buena imagen.

Con respeto, pero con firmeza, lanzo esta carta como un llamado a la conciencia colectiva y, en especial, al mundo de la lucha canaria.

Porque defender la lucha canaria es también defender la salud, la verdad y la igualdad, tanto dentro del terrero como fuera del mismo.