Admitida una querella contra Laporta por una estafa de 100.000 euros

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y su vicepresidente Rafael Yuste, serán investigados a raíz de la querella por estafa que presentó una mujer tras haber perdido los 100.000 euros que invirtió en sociedades vinculadas a los dirigentes del club azulgrana.

La Audiencia de Barcelona ha dictado un auto por el que ordena reabrir la causa que en su día archivó un juzgado de la Ciudad Condal y practicar las diligencias necesarias para determinar si la inversora fue víctima de un «negocio criminalizado».

Cabe recordar que la presunta víctima también se querelló por estafa contra el economista Xavier Sala i Martín, exdirectivo del club, y el exdirector de TV3 y expropietario del Reus Deportiu, además de contra las empresas en las que invirtió el capital que asegura ha perdido.

Se trata de la cuarta querella interpuesta por supuestas estafas en inversiones en la sociedad con sede en Hong Kong CSSB Limited, lo que motivó la declaración de Laporta como investigado el pasado mes de enero ante un juez de la capital catalana. Empero, el caso se archivó junio, una vez que la Fiscalía descartó que hubiese «engaño» y atribuyese la inversión fallida a «una gestión desafortunada y un incumplimiento de las obligaciones contractuales».

Sin embargo, la Audiencia pone de relieve que no se trata de la primera querella presentada en Barcelona por hechos de este tipo y considera «prematuro» el cierre de la causa, sin practicar diligencias. «Los argumentos no pueden basarse en intuiciones o en calificar sin más la inversión en arriesgada o especulativa en una suerte de mala gestión empresarial aceptada por la querellante a cambio de una presunta elevada rentabilidad», concluye la sala, que insta a llevar a cabo todas las pesquisas que se requieren para investigar el caso.

Fundamente la Audiencia barcelonesa que en la querella se ponen de relieve actuaciones que pudieran tener «trascendencia delictiva», como la falta de «información completa y veraz» sobre el destino de las inversiones, su «instrumentalización» a través de sociedades que ya presentaban «graves problemas de liquidez» o la «captación de capital apoyada casi en exclusiva en el prestigio social de los partícipes».

También pone especial énfasis el auto el «ofrecimiento de una solvencia empresarial y económica que no se compadecía con la realidad», así como en «la suscripción como préstamo participativo o el compromiso de adquisición de acciones de una compañía extranjera cuando en realidad se trataba de préstamos sin más». Descrito todo esto, la sala concluye que estos hechos sugieren la «existencia de elementos que cuestionan el mero incumplimiento civil y podrían dirigirse hacia el negocio criminalizado».