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La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha afirmado este jueves en un comunicado, tras conocerse el inicio la próxima semana del juicio contra el exconcejal socialista de Festejos de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín, que el criterio usado por la Fiscalía en su escrito de acusación es «plenamente aplicable» a los hechos denunciados en el caso de la Sociedad de Promoción de la capital grancanaria.
Delgado se refirió de esta manera a los escritos, aceptados a trámite y constituidos en Diligencias Previas, presentados por el Grupo Municipal Popular ante la Fiscalía Anticorrupción, en relación con la existencia de una posible de trama de empresas que de forma recurrente se habría estado beneficiando de las adjudicaciones de esta empresa 100% municipal, que tiene por objeto ejecutar la política cultural y de festejos en la capital grancanaria.
«Solo en 2023 la Sociedad de Promoción formalizó 4.044 contratos menores por importe de 9,3 millones de euros. En un solo día se llegaron a firmar 264 contratos por importe de 840.998,44 euros, para la prestación de servicios que, a nuestro juicio, y como ha demostrado el tiempo, debieron ser sacados a licitación», recordó la portavoz del PP en la capital grancanaria.
Delgado también aludió a las decisiones que con posterioridad a la presentación de los escritos ha ido adoptado el Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción, al haber licitado, por ejemplo, el servicio de agencias de viaje. «Hay hechos difícilmente justificables y que adjuntamos en nuestro escrito, como la adjudicación de las carpas del carnaval del pasado año, por un importe de 199.000 euros, al existir clarísimas vinculaciones entre las tres empresas a las que se solicitó presupuesto», recuerda.
«Esta es una de las cuestiones que la Fiscalía ha apreciado para formular denuncia contra el ex edil de Festejos del PSOE en el caso de Santa Cruz de Tenerife, al señalar con rotundidad una presunta simulación de concurrencia de empresas, cuando la realidad es que tal competencia era inexistente y se sabía de antemano qué empresarios iba a realizar el montaje de dichas infraestructuras», alega Delgado.
«También creemos que, al igual que ha apreciado la Fiscalía en el caso de Santa Cruz de Tenerife, se han podido fraccionar contratos para adjudicar servicios a través de menores, cuando debieron licitarse mediante procedimientos abiertos. Por hechos como este, el exconcejal socialista se enfrenta a 12 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación», precisó la portavoz popular.
Además del presunto delito de prevaricación administrativa, por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de inhabilitación de 12 años para el máximo responsable de Festejos en Santa Cruz, el PP agregó en sus escritos la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos. «Tenemos la convicción de que hemos hecho lo correcto velando por el cumplimiento de la ley en la Sociedad de Promoción», enfatizó la líder del PP en la capital grancanaria.
La portavoz popular subrayó que, una de las cuestiones más relevantes del escrito de la Fiscalía en relación a Santa Cruz de Tenerife, y de «plena aplicación» para el caso de Sociedad de Promoción, es el uso que hizo el ex edil proceso de la cercanía de la fecha para celebrar el Carnaval como argumento para eludir el cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
«En el caso de nuestro Carnaval se ha usado el argumento de las obras de la Metroguagua o de la inminente celebración de esta fiesta para optar por procedimientos millonarios a través de adjudicaciones directas, en lugar de licitaciones abiertas. La Fiscalía ha marcado un criterio nítido: que la falta de previsión para tramitar los expedientes de contratación según la ley no es, en ningún caso, justificable», señaló.
Asimismo, la Fiscalía entiende que una fiesta de relevancia internacional «no es ningún servicio público esencial» y que, en el caso de Santa Cruz, «se antepusieron los intereses políticos al respeto de la ley» (SIC). «Creemos que este criterio es igualmente extrapolable al caso de Las Palmas de Gran Canaria con la Sociedad de Promoción», sentencia Delgado-Taramona.
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