Cada municipio debe contar con una

03/03/2019

Este mes, Canarias dispondrá al fin de una Ley de Bibliotecas, que regulará el funcionamiento del sector, la actividad de los profesionales y establece unos mínimos económicos de financiación a nivel regional e insular.

Este texto ya tiene el visto bueno de la Comisión de Cultura del Parlamento, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, y ahora solo necesita ser aprobado por el Pleno. Se espera que se aborde en el que se desarrollará el 19 y 20 de este mes.

Según el proyecto de Ley, al que ha tenido acceso este periódico, con este nuevo texto legal «se soluciona la carencia de un marco jurídico» y se le «dota de una regulación suficiente y necesaria para el desarrollo de las políticas bibliotecarias, de fomento de la lectura y de protección del patrimonio bibliográfico de Canarias».

En la exposición de motivos se añade que «el presente texto legal permite potenciar los instrumentos que la sociedad de la información proporciona para poner los recursos bibliotecarios de Canarias al alcance de todos y para que tales recursos se ajusten a las pautas establecidas» a nivel nacional e internacional.

A nivel general, la Ley establece tres objetivos fundamentales: crear las bases y la estructura necesarias para la planificación, creación, organización, funcionamiento, promoción, coordinación y evaluación del Sistema bibliotecario; regular la promoción de la lectura mediante la aprobación y desarrollo de planes de fomento; y regular el patrimonio bibliográfico.

Establece el nacimiento de La Biblioteca de Canarias, como «centro superior, funcional y técnico del sistema». Será la «cabecera de la red de bibliotecas públicas» y se concibe como «el conjunto de servicios técnicos descentralizados, responsable de recoger, inventariar, catalogar, conservar y difundir la producción bibliográfica y cultural» de las islas y el que a nivel estatal o internacional esté vinculado con el archipiélago.

Su actividad dependerá «del departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma competente en materia de lectura y bibliotecas», que actualmente es la consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

Establece también este texto legal que «en todos los municipios de Canarias habrá, al menos, una biblioteca pública accesible y dotada de los servicios básicos y de acceso tecnológico, que actuará coordinadamente con las demás integrantes de la red». Si se trata de un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, «la comunidad autónoma y los cabildos colaborarán con los municipios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley».

Para «proporcionar información sobre las bibliotecas y centros de documentación» se crea un Directorio de bibliotecas de Canarias. Los que quieran formar parte del mismo tendrán «un plazo no superior a un mes» para presentar sus datos.

Recae en las manos de los cabildos la creación de «un mapa insular de bibliotecas públicas», que debe actualizarse, «como mínimo», cada año.

Para formar parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, los centros deben abrir al público 15 horas semanales, repartidas hasta en seis días y se exige que haya «profesionales bibliotecarios cualificados al frente de cada» una, según los «términos que establezca el Mapa de Bibliotecas».

Se les exige también «un presupuesto anual para incremento y renovación de títulos y colecciones» y será el Mapa de Bibliotecas el que establezca el «mínimo» económico anual. Entre otros deberes, se incluye la participación en los planes de fomento de la lectura que se pongan en marcha.

Este último apartado copa el título 5º de la Ley, y establece la puesta en marcha de planes anuales o plurianuales desde el Gobierno de Canarias.

Bajo el epígrafe de Disposiciones Adicionales se especifican una serie de plazos y medidas que satisfacen una de las peticiones principales del sector: la financiación de las bibliotecas públicas de Canarias.

«El Gobierno de Canarias dotará de un fondo de, al menos un millón de euros en el plazo no superior a seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, mediante mofificación de crédito, ley de crédito extraordinaria o inclusión en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma», que se destinará, dice la Ley, «a las primeras acciones necesarias para adaptar las bibliotecas, contratación y cualificación del personal, y demás instrumentos u órganos contemplados en esta ley».

Se obliga, además, a que la consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias aporte, «al menos el 10% del importe total de los Presupuestos de su departamento a mejorar y extender los servicios bibliotecarios y modernizarlos» en todas las islas.