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La gestión y el mastodóntico agujero económico de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aterrizó en la mañana de este viernes en la Fiscalía Anticorrupción, fruto de la denuncia presentada por Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular (PP) en el consistorio, tras detectar una serie de delitos, entre los que figura la prevaricación administrativa, en el análisis realizado junto a un equipo jurídico.
El continuado y abusivo empleo de contratos menores y negociados sin publicidad, contrario a la Ley de Contratos del Sector Público, tanto en las programaciones culturales, carnavaleras y de las Fiestas Fundacionales durante los últimos años es uno de los puntos fundamentales que ha motivado al PP a presentar esta denuncia, según las fuentes consultadas.
El origen de esta denuncia se sitúa en el consejo de administración de la Sociedad de Promoción, desarrollado el pasado 27 de marzo, donde se aprobaron las cuentas de 2023, con el voto en contra del PP, en las que se detallaban un déficit de 3.251.324, 46 de euros -el doble del ejercicio anterior- y una deuda a proveedores que ascendía a 7.107.892,80 euros.
En la misma reunión se decidió apartar dos meses al director financiero y exgerente de la Sociedad de Promoción, Agustín Díaz, mientras se desarrollaba una revisión de las auditorías de los últimos cinco años.
Durante esa revisión, se vio que las cuentas aprobadas no eran reales, ya que se localizaron otros 690.000 euros de facturas impagadas, tras contactar, uno a uno, con los proveedores, según las mismas fuentes. Las cuentas reformuladas y aprobadas durante un segundo consejo de administración situaron el déficit real en casi 4 millones de euros y la deuda a proveedores a un paso de los 8 millones.
El grueso de los nuevos impagos detectados durante la revisión de las auditorías son de actividades contratadas y realizadas entre los años 2020 y 2023, tal y como adelantó en sus ediciones web e impresa CANARIAS7, el pasado 29 de mayo, en una información en la que se daba cuenta del despido de Agustín Díaz, dos meses después de haber sido apartado de sus funciones con un permiso retribuido.
Durante aquel periodo, Díaz presentó una demanda contra la Sociedad de Promoción y el Ayuntamiento, en el Juzgado de lo Social nº2 de Las Palmas, que fue admitida a trámite. En la misma denunció que se vulneró su derecho a la integridad personal, su honor y profesionalidad, su intimidad y su ocupación efectiva. Además, consideró que existió una discriminación ya que apuntó que al no ejercer él como gerente desde diciembre de 2022, «no se aparte a la que es gerente desde julio de 2023 o a los concejales responsables de cada una de las áreas que son quienes han gestionado los recursos».
En su demanda, Agustín Díaz detalló que en 2022 la Sociedad de Promoción volvió a entrar en pérdidas tras catorce años, «fruto de la decisión de las concejalas que presidían la sociedad y del uso que se hizo de la entidad para hacer eventos sin control». Añadió que «previendo que en el año 2023 se aumentara la actividad por las elecciones ya que se utiliza la entidad como elemento externalizador de la gestión del ayuntamiento en las áreas de cultura y carnaval, el actor realiza un informe sobre la situación financiera para evitar mayores pérdidas, dando una solución alternativa».
Conviene aclarar que las concejalas a las que se refiere en su demanda Agustín Díaz son Encarna Galván -presidió la Sociedad de Promoción el pasado mandato y ahora es asesora de Augusto Hidalgo en el Cabildo de Gran Canaria- e Inmaculada Medina -fue la vicepresidenta hasta el verano de 2023 y actualmente es la presidenta de la Sociedad, con el concejal de Cultura, Adrián Santana, como vicepresidente-.
Díaz detalló también en la demanda que se trata de una entidad pública «eminentemente politizada y sobre todo dirigida por representantes de los partidos que gobiernan, quienes son los que toman las decisiones sobre los eventos a realizar y los presupuestos a utilizar».
También aseguró que presentó «un informe de situación» a la nueva corporación entrante tras las elecciones de mayo de 2023, con Carolina Darias como alcaldesa. «El resultado del ejercicio 2023 fue de 3,2 millones de euros de déficit, correspondiente a los eventos realizados en el segundo semestre del año 2023, en el que el actor ya no es gerente de la entidad. Todos los eventos del segundo semestre fueron realizados sin presupuesto alguno, porque la anterior corporación gastó todo lo presupuestado para el año 2023 en el primer semestre de dicho año por las elecciones municipales a pesar de haber sido informada la nueva corporación de dicha situación».
Tras el consejo de administración del 27 de marzo, los populares han llevado a cabo un pormenorizado análisis de las cuentas y de la gestión de la Sociedad de Promoción, junto a un despacho de abogados que realizó un informe en el que detectó los delitos que han derivado en la denuncia presentada en la mañana de este viernes.
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