De izquierda a derecha, Tilman Kuttenkeuler, Augusto Hidalgo, Antonio Morales y Manuel Benítez, en 2018, en la presentación de la temporada de la Fundación Auditorio Teatro. / C7

La Fundación Auditorio Teatro sigue sin ejecutar la sentencia y Márquez denuncia «intimidación»

El día 19 expira el plazo que el Supremo dio para que se plasme el fallo firme que declara «nulo» el nombramiento de Tilman Kuttenkeuler

VICTORIANO S. ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

La Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria no solo sigue sin ejecutar la sentencia firme que declaró «nulo» el nombramiento, en 2016, de Tilman Kuttenkeuler como su director general, sino que ha remitido un oficio a quien impugnó el resultado de aquella convocatoria pública, Juan Márquez, «en términos ciertamente intimidatorios», tal y como éste los califica en su escrito de respuesta, al que ha tenido acceso este periódico.

El recorrido judicial de este caso culmina el próximo 19 de septiembre, fecha en la que expiran los dos meses de plazo que el Tribunal Supremo le ha dado a la Fundación Auditorio Teatro para ejecutar las sentencias condenatorias, tras rechazar su Recurso de Casación. Conviene recordar que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Las Palmas de Gran Canaria dio la razón en 2018 a Juan Márquez en primera instancia. La sentencia fue confirmada en enero de 2019, en unos términos también muy duros contra la Fundación por las irregularidades detectadas en el proceso de selección, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Oficio de Subsanación de Solicitud, fechado el 24 de julio pasado y firmado por Antonio Ramón Balmaseda, secretario del Patronato de la Fundación Auditorio Teatro, requiere a Juan Márquez a que, «en un plazo de diez días hábiles», se «comprometa de manera expresa a que, de resultar seleccionado, se reincorporará al servicio activo y suscribirá un contrato de alta dirección a tiempo completo con la duración especificada en las bases, todo ello con apercibimiento explícito de que, de no introducir en el citado plazo el reseñado compromiso de reincorporación para el caso de resultar vencedor en el procedimiento de selección, se le tendrá por desistido de su solicitud de participación».

A pesar de que las dos sentencias condenatorias dejaron claro que el hecho de que Juan Márquez se jubilase tras el nombramiento de Kuttenkeuler carecía de relevancia jurídica en el caso, la Fundación Auditorio Teatro se agarra a esta circunstancia.

Juan Márquez, en el escrito presentado el pasado 24 de agosto, considera «absolutamente improcedente y contrario a derecho» este Oficio.

En primer lugar, recuerda a la Fundación Auditorio Teatro «la obligación legal de ejecutar la sentencia de fecha de 20 de abril de 2018 en sus propios términos», que «anula el nombramiento efectuado de director general y que impone la condena en costas».

En segundo lugar, subraya que la sentencia no contempla «de modo expreso una retroacción de actuaciones para corregir las deficiencias advertidas, que no son solo de motivación de la designación sino de incumplimiento de los requisitivos exigidos en las bases para participar en el mismo proceso selectivo». «A los participantes en el proceso no se les puede requerir subsanación de ninguna clases, porque ello sería desnaturalizar el proceso y, desde luego, y lo más importante, contravenir los términos del fallo que, como decimos, se limita a anular el nombramiento del director general», añade sin ambages.

Otra cosa, puntualiza Márquez, es que «se acuerde por el órgano judicial que la ejecución de la sentencia pasa por una retroacción de actuaciones». Si así fuera, «se tratará de examinar, en tal supuesto, lo aportado en los expedientes, analizar si se cumplen por los participantes los requisitos exigidos en las bases y, a continuación, valorar debidamente, con la suficiente motivación, los méritos de los candidatos cumplidores».

Tras tumbar los argumentos y el interés sobre si tiene previsto seguir jubilado o no, Juan Márquez se queja de nuevo sobre el cariz «intimidatorio» del escrito remitido desde la Fundación Auditorio Teatro, cuyo Patronato preside el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, y cuya vicepresidencia ostenta Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. «Lo que no es posible, por ser contrario a la sentencia y contrario al legítimo ejercicio de los derechos de los interesados, aparte de no responder a ningún interés público apreciable, es intimidar a este interesado, bajo una ilegal advertencia de tenerlo por desistido del procedimiento de no realizar, en este momento, una manifestación expresa de compromiso de aceptar, en su caso, el nombramiento».

Sin respuesta hasta que exista una propuesta de nombramiento

Juan Márquez, exgerente del teatro Cuyás y único candidato que impugnó el concurso que proclamó a Tilman Kuttenkeuler director general de la Fundación Auditorio Teatro, aclara en su escrito que se «reserva su derecho a pronunciarse sobre la aceptación del nombramiento en el momento previsto para ello, que será, en su caso, cuando se efectúe la correspondiente propuesta de nombramiento a su favor».

Sobre su situación de jubilado, se muestra tajante: «La circunstancia de encontrarse quien suscribe en situación de jubilado de ninguna manera le impide el reingreso a la vida laboral, lo cual, según la normativa aplicable, tan solo requiere de una comunicación al Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre el inicio de la actividad laboral y consiguiente suspensión de su jubilación».

En este sentido, Márquez reproduce un extracto de la sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia que le dio la razón en 2019: «Más aún existe, sigue existiendo el interés legítimo, desde la perspectiva de ser nombrado para el puesto como consecuencia de la anulación del acto, en cuanto que su jubilación voluntaria como trabajador por cuenta ajena es plenamente compatible con la reincorporación al servicio activo».

Márquez advierte de que, «siendo parte en el proceso judicial del que deriva la sentencia que esa Fundación debe ejecutar, este interesado se reserva su derecho a plantear incidente de ejecución, para el caso de una decisión ablativa de derechos que pueda dictar esa Fundación».