«No conforme con el contenido íntegro de la notificación, al causarme indefensión»

En la demanda presentada por Agustín Díaz, director financiero y exgerente de la Sociedad de Promoción, contra esta entidad y contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se incluye la comunicación del pasado 27 de marzo en la que el consejo de administración le informaba que desde ese día y hasta el 27 de mayo, ambos incluidos, «disfrutará de un permiso retribuido».

Su firma aparece al final de la misiva, con fecha del 1 de abril, con este texto escrito a mano: «No conforme con el contenido íntegro de la notificación, al causarme indefensión».

El consejo de administración de la Sociedad de Promoción asegura que tomó esta medida por «la detección de posibles irregularidades en que usted podría haber incurrido en la ejecución de sus obligaciones laborales; atendiendo a que se ha acordado por el órgano de administración iniciar investigaciones y la realización de las comprobaciones correspondientes y que pueden verse perjudicadas si usted ejerciera sus funciones».

En su demanda, presentada por el despacho Dámaso Abogados y admitida a trámite por el Juzgado de lo Social nº2 de Las Palmas de Gran Canaria, tal y como avanzó el pasado martes en exclusiva este periódico, se asegura que «al momento de la entrega» se obligó a Agustín Díaz «a dejar el portátil previamente entregado por la empresa», que llevaba utilizando «16 años de trabajo sin que en el momento de la entrega se le advirtiese del uso del mismo (privado/profesional) y para acceder al citado ordenador hay que utilizar clave», se señala en la demanda.

El 1 de abril, Agustín Díaz asegura en la misma que envió «una notificación a la empresa» indicando «su desacuerdo por la falta de ocupación efectiva durante dos meses» porque ya no ocupaba el puesto de gerente sino de director financiero. Da un plazo de 48 horas para su incorporación, a la vez que «advierte que cualquier actuación con el portátil debe realizarse en su presencia».

La respuesta de la empresa, dice la demanda, fue la siguiente: «Se hace necesario el concederle ese permiso retribuido y está justificado, ya que por la naturaleza de los hechos a investigar es importante apartarle para que no pueda interferir en los mismos».

Ante esta notificación, en la demanda se apunta que «en ningún momento» se le han explicado los motivos por los que se le aparta de la ocupación efectiva, «ni se ha detallado la causa, ni causas posibles de forma fehaciente, ni la 'naturaleza' de los hechos a investigar».

Por eso, considera que «ha generado una manifiesta indefensión y estrés máximos, estando totalmente desconcertado con la actuación de la empresa». Apunta también que a través de la información publicada en este periódico sobre lo sucedido en el consejo de administración cuando ha sabido «que se vincula con las pérdidas del ejercicio de 2023».

Sobre este capítulo, Agustín Díaz asegura en la demanda que «en el año 2022 fruto de las decisiones de las concejalas que presidían la sociedad [Encarna Galván e Inmaculada Medina, sus nombres no figuran en el texto, pero eran presidenta y vicepresidenta de la misma] y del uso que se hizo de la entidad para hacer eventos sin control, la entidad volvió a entrar en pérdidas».

Por ello, «previendo que en 2023 se aumentara la misma por las elecciones, el actor realizó un informe sobre la situación financiera para evitar mayores pérdidas, dando una solución alternativa», que detalla y de la que informó este periódico el pasado martes.

Además, asegura que informó «a la corporación entrante en junio de 2023 [encabezada por la alcaldesa Carolina Darias] de la situación real y de la inexistencia de crédito para la realización de la programación del segundo semestre de 2023». Y añade que ante esto, «manifiesta su deseo de cesar en el cargo», como ya dice que hizo en diciembre de 2022 como gerente.

Agustín Díaz considera en su demanda que la Sociedad de Promoción ha vulnerado su «integridad personal, su honor y profesionalidad, su intimidad e imagen personal y su ocupación efectiva», por lo que solicita 113.292 euros, «que corresponden a 24 mensualidades de salario».

La Junta General de la Sociedad de Promoción aprobó en la mañana de este viernes la revisión de las cuentas de 2023, tras detectarse en la revisión de auditoría encargada por el consejo de administración casi700.000 euros de deudas no contabilizadas.

Así, el déficit de 2023 roza ya los 4 millones de euros y la deuda con los proveedores los 8 millones.

Las fuentes consultadas apuntan que las pérdidas acumuladas ascienden a 12,9 millones de euros, los fondos negativos a 2.351.916,27 eurosy el fondo de maniobra negativo es de 2.572.492,33 euros.

El artículo 19 de los estatutos de la Sociedad dicen que las deudas «deben ser enjugadas íntegramente» por el Ayuntamiento con cargo al presupuesto municipal.

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