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No solo no hubo acuerdo sobre el caso entre el Ayuntamiento de la capital grancanaria y el Cabildo, sino que los responsables de la institución insular pidieron que quedara «constancia en acta de su malestar» con la forma en la que se ha actuado ante las dos sentencias que tumban el concurso público desarrollado en 2016.
El consejero de Cultura y patrono de la Fundación Auditorio Teatro, Carlos Ruiz, según las fuentes consultadas, solicitó intervenir tras finalizar la exposición del caso Kuttenkeuler, que hizo el alcalde y presidente de la Fundación, Augusto Hidalgo, y sobre los últimos pasos dados para recurrir en casación la sentencia condenatoria del TSJC.
En ausencia del presidente del Cabildo y vicepresidente de la Fundación, Antonio Morales, por cuestiones de agenda, Carlos Ruiz pidió que figurase en acta el malestar de la corporación insular por la manera en la que se ha abordado este conflicto, sin contar con la opinión del Cabildo desde que se hizo público, el pasado año, el fallo de la magistrada María Olimpia del Rosario Palenzuela, que anuló el concurso y dio la razón al candidato que impugnó éste, Juan Márquez, exgerente del Cuyás y de la Orquesta Filarmónica.
Carlos Ruiz pidió que también figurase en las actas del Patronato una petición muy concreta y que aborda una cuestión peliaguda, según las mismas fuentes. Reclamó un informe por escrito de los servicios jurídicos de la Fundación, que son externos, en los que se aclare, desde un punto de vista jurídico, si realmente tienen poder para actuar sin el mandato directo de todo el Patronato.
Augusto Hidalgo apuntó en esa misma reunión, como informó este periódico el pasado miércoles, día 27, que éstos ya presentaron ante el TSJC la Preparación del Recurso de Casación. Dijo que los servicios jurídicos tienen potestad para actuar así y que además es habitual en la administración llevar hasta el final los litigios judiciales.
En uno de los apartados del capítulo número nueve de los estatutos de la Fundación Auditorio se siembra la duda, como ya avanzó CANARIAS7 el pasado domingo, día 24. Se asegura que el Patronato debe «decidir la voluntad e interés de la Fundación en el ejercicio de las acciones y recursos y oposición de excepciones en toda clase juicios y litigios en que ésta pudiera estar interesada».
Las sombras que despierta esta forma de actuar en el Cabildo se dispara aún más ante el hecho de que los servicios jurídicos que llevan el caso Kuttenkeuler son externos. No se trata de personal propio de la Fundación Auditorio.
viene de lejos. Que los dos patronos públicos principales no tenían la misma idea sobre cómo solucionar este entuerto no es nuevo y es público.
Antonio Morales ya apuntó, tras conocerse el fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidida por César José García Otero, que el Cabildo optaba por «solucionar» el problema cuanto antes y que «recurrir era dilatarlo». El Ayuntamiento siempre se ha decantado por recurrir hasta el final.
La novedad es que estas desavenencias ya figuran en el acta del Patronato, así como las dudas sobre si la Fundación puede actuar en litigios legales sin la aprobación expresa previa del Patronato.
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