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«En Canarias se lee, aunque se han de mejorar los índices de lectura», apunta el estudio elaborado por Alicia Sellés Carot para la Biblioteca de Canarias de la viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.
«La lectura tiene amplias dimensiones, la educativa, la profesional, la cultural y la social. La cuestión primordial en este caso es superar la dimensión educativa y buscar la cultural y social que es a la que hace referencia la Ley cuando habla de Pacto Social de la Lectura», dice este análisis. Esta afirmación entronca con la idea que defienden desde hace años los profesionales del sector para que los políticos asuman que las bibliotecas son enclaves que hay que dotar y modernizar porque no solo se deben destinar para que estudien los jóvenes y los opositores.
«En este aspecto, este estudio demuestra, con el mismo grupo de control de usuarios/as que las bibliotecas tienen un impacto tanto en las prácticas lectoras como en el desarrollo personal. Su reconocimiento es, sobre todo, por democratizar el acceso a la lectura, a la disponibilidad, pero aquí también tienen un reto, es importante invertir en ellas para adaptarse a las nuevas rutinas y formas de vida, sobre todo en la lectura digital, transmedia y otros formatos no librarios, que es lo que la ciudadanía está empezando a leer más. En este punto es funamental también el papel de las bibliotecas para garantizar un equilibrio en el ecosistema de la creación y el marco legal de acceso a los contenidos».
De ahí que se destaque que «sólo el 11% de la ciudadanía reconoce que las bibliotecas le proveen de lectura y más del 55% las consigue en abierto en internet». «Esta información -apunta el informe- es clave para posicionar a las bibliotecas como el agente clave del consumo legal de contenidos en internet».
Sobre los datos aportados por la población para esta investigación, se destaca que «en general no podemos decir que los ciudadanos y ciudadanas hagan un uso destacado de las bibliotecas, incluso, podríamos decir que la visión que tienen de ellas hace que les cueste visibilizarlas en su vida, en su día a día, pero, al mismo tiempo las reconocen como servicios necesarios en los municipios, como garantía de la reducción de las desigualdades (sobre todo en cuestiones de infraestructura y acceso a la lectura)».
Se apunta también que «los carnets activos representan un 3% de la población de las islas, perolos carnets/usuarios inscritos representan un 20% con datos de 2019».
Se subraya que en general, «casi el 63% de los carnets activos son de mujeres (infantil, juvenil y adultas) y se repite la misma distribución (más del 60%) prácticamente si lo segregamos por rangos de edad, aunque el público infantil y juvenil está más igualado y sigue rondando el 60%. En todas las islas se repite esta distribución aproximada». El 77% de estos carnets activos pertenecen a adultos.
Por otro lado, «casi el 14% de los habitantes entrevistados declaran tener carnet de biblioteca, con lo que su representatividad sería más acertada que el 20% de los datos que manejan en Bibliotecas españolas en cifras (Alzira)».
Al final del texto se incluye un anexo del que se desprende que Gran Canaria es la isla con un mayor número de carnets activos, 29.088, seguida de Tenerife, con 27.513. En Lanzarote había en 2019 un total de 5.200; en Fuerteventura, 2.758; en La Gomera, 312; en La Palma, 1.574; y en El Hierro tan solo tres.
También trasciende que se trata de espacios públicos que no son visitados físicamente con mucha frecuencia y cuando los ciudadanos sí lo hacen es para «préstamos y devoluciones, lectura o estudio en sala».
En el caso de las opciones digitales, «el catálogo y eBiblio son las herramientas más usadas».
En uno de sus apartados, el informe pone en valor la puesta en marcha para toda la red del sistema eBiblio del Gobierno de Canarias. «Además de ampliar las colecciones que gestionan las bibliotecas está suponiendo una solución para la oferta digital de materiales hemerográficos y seriados que están desapareciendo de las bibliotecas (a algunas ya sólo llegan los diarios de tirada gratuitas, a otras, ninguno)», dice el informe que también reclama «un mayor número de licencias», porque las existentes «siguen sin ser suficientes».
El préstamo es uno de los servicios bibliotecarios más utilizados, aunque va a la baja. «La evolución de los préstamos totales es negativa, se han realizado más de 50.000 menos que en 2015 y 2019 es la cifra más baja de préstamos en los cinco años», dice el informe que se fijó en ese último año prepandémico. Destaca que no se trata de una tendencia exclusiva del archipiélago, sino nacional, incluidas «aquellas comunidades que tienen las cifras de préstamos más altas». Por el contrario, «en las plataformas de préstamos digital» se produjo en 2019 un aumento del «50% y un crecimiento exponencial por la pandemia».
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