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Efe
Santa Cruz de Tenerife
Domingo, 12 de enero 2025, 13:03
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto un total de 36 años de cárcel y el pago de 2,5 millones a seis miembros de una banda que se dedicaba a jaquear cuentas bancarias y utilizó a más de un centenar de personas para recibir el dinero.
Los seis condenados que operaban desde el sur de Tenerife y estaban acusados de un delito de estafa continuada y pertenencia a una organización criminal llegaron a un acuerdo con Fiscalía por el que aceptaban cumplir seis años de prisión cada uno y el pago conjunto de la indemnización, con lo cual las penas son ya firmes.
De esta manera se da por probado que desde el mes de mayo de 2019 los seis encausados, directamente o a través de el centenar de «mulas» con las que estaban concertados se enriquecieron de forma ilícita y para ello llegaron a crear empresas con las que conformaron un entramado «escalonado y jerarquizado».
Las funciones estaban distribuidas con la realización de transferencias masivas no autorizadas por titulares de cuentas bancarias radicadas en Italia y España de las que se apoderaron de sus fondos.
Para ello utilizaban a terceros con los que estaban previamente concertados que luego les entregaban el dinero recibido a los miembros de la banda.
La organización se estableció en las localidades de Arona y Adeje fundamentalmente donde residían los seis encausados y desde donde realizaban las distintas funciones como era localizar a través de tecnologías de la información y la comunicación a posibles víctimas.
También se encargaban de encontrar a personas que siendo conscientes de la ilegalidad de estas acciones, les comunicaban sus datos bancarios para recibir los fondos que luego extraían de cajeros automáticos y se lo daban personalmente a los acusados.
A continuación ese dinero se volvía a transferir o se convertía en criptoactivos y guardaban en un «monedero frío» que una vez apartado del circuito bancario legal era fácilmente ocultado y se utilizaba para su beneficio propio.
Este entramado criminal asentado en la Isla estaba bajo la dirección y dependencia de personas que no pudieron ser identificadas que residían en Italia y que eran quienes recibían el grueso de las ganancias obtenidas por los seis condenados.
En total, los encausados estaban obligados a enviar a ese país el 60% de lo obtenido por medio de estas defraudaciones cometidas, lo que implicó deudas internas que obligaban a realizar nuevas operaciones .
Los acusados que se quedaban con el 40% en un porcentaje variable, una vez que pagaban a las mulas lo acordado y cumplían y repartían las funciones por medio de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos o encuentros en establecimientos de hostelería.
Dos de ellos se encargaban de la captación de víctimas a través de técnicas informáticas conocida como phising, o suplantación de identidad, otros dos localizaban a las mulas y uno de ellos adquiría los criptoactivos.
El sistema se basaba en el envío masivos de mensajes con la apariencia de que pertenecían a una entidad bancaria, en los que hablaban con los clientes de un problema técnico o de intento de fraude y se les redirigía a un enlace en el que hablaban con los estafados haciéndose pasar por gestores para captar sus datos.
En un principio los miembros de la organización utilizaban sus propios cuentas o las de ciertas empresas y llegaron a recibir hasta 827.000 euros mientras que de forma paralela iban creando esta red de mulas bancarias.
Una de las víctimas fue una empresa radicada en Jerez de la Frontera que trabajaba con un comercio electrónico de implantación internacional, de manera que el dinero que éste le remitía acababa en poder de los encausados.
Finalmente, por medio de esta operativa lograron reunir 2,5 millones cantidad que deberán devolver ahora a los estafados quienes estaban en situación de prisión provisional desde mayo de 2021.
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