Lorenzo Bragado: «La tendencia e inercia va por la supresión de los aforamientos»

-Desde que se inicia el proceso de renovación a su toma de posesión pasan casi dos años. ¿Se considera un presidente fruto de la interinidad del CGPJ y del pulso político sobre cómo hay que renovarlo?

-Yo he seguido los pasos de la convocatoria hecha por un Consejo que ha actuado en base a la legalidad vigente y mi nombramiento es legítimo, así como el resto de aquellos que se han producido desde los más de dos años que llevan en funciones.

-Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, ¿no le sorprendió la ausencia del presidente Torres en su toma de posesión?

-La explicación que me trasladó el consejero Julio Pérez fue estrictamente por motivos de agenda ya que ese día había debate en el Parlamento y debía de estar allí, al igual que su presidente, Gustavo Matos. No se deben ver tres pies al gato. Las agendas se solaparon porque nosotros estábamos supeditados a la del presidente Lesmes que veía desde Madrid y, aunque se ha querido establecer una relación entre su ausencia y el auto del TSJC sobre las medidas respecto a la pandemia, nada más lejos de la realidad. Hay un interés recíproco de vernos lo antes posible y así será.

-Tomó posesión en una semana bastante convulsa en la que el TSJC estuvo en boca de todos...

-Han sido unas fechas en las que hemos estado en el candelero, pero las circunstancias son las que son y hay que asumirlo con normalidad. Los tribunales tenemos una misión trascendental y debemos de resolver asuntos de trascendencia y repercusión. Los afrontamos con transparencia y haciendo llegar a la sociedad por qué se llegan a determinadas conclusiones. ¿Cómo se explica? A través de resoluciones bien motivadas y en Canarias hay un conjunto de jueces y magistrados con alta capacitación técnica que, de forma razonada, explican el sentido de sus resoluciones.

-¿Se sienten incómodos teniendo que resolver cuestiones que eran competencia de los políticos?

-Yo no he hablado con los compañeros a los que les correspondió el asunto, pero entiendo que nos tocan asuntos de todo tipo y hay que asumirlo con arreglo al principio de legalidad y resolverlos en la manera de que las leyes procesales lo permitan. En este asunto había una premura de tiempo y se reunieron el fin de semana y resolvieron en derecho lo que se les pedía. El ordenamiento jurídico ha funcionado y debemos congratularnos. Ya las opiniones personales acerca de si, por ejemplo, el estado de alarma era mejor que esta aplicación de las normas sanitarias de 1986, es una disquisición que tiene cabida en el plano académico o doctrinal. Ahora bien, desde el punto de vista institucional, la Sala ha actuado con escrupuloso respeto a los tiempos, las formas y ha resuelto en Derecho.

-¿El anuncio del recurso al Supremo incomoda al TSJC?

-El derecho a los recursos es básico y constitucional y, por ello, ningún juez puede sentirse molesto porque sus decisiones puedan ser revisadas por un tribunal superior. Es una garantía. Tenemos una magnífica carrera judicial en Canarias y no hay que tener miedo ni sentirse cuestionado porque se revisen o revoquen sus resoluciones. El Derecho no son matemáticas y no nos tiene que extrañar que se acuda por parte del Gobierno de Canarias en casación y que se pronuncie el Supremo.

-Accede a la presidencia de un TSJC que ha vivido años convulsos. ¿Cómo vio los toros desde la barrera?

-He sido miembro de la Sala de Gobierno y, más que analizar de forma retrospectiva algo de lo que tengo un discreto conocimiento, vengo a desempeñar mi esfuerzo, dedicación y capacidad de gestión hacia el futuro. Mis propuestas tienen que ver con el futuro y mi puesto tiene un amplio campo en el terreno de la gestión, aunque con limitaciones. En el pasado, no entro. De mi predecesor Antonio Doreste solo puedo tener buenas palabras, la transición ha sido modélica, ejemplar, y me ha ayudado en todo. Es de dominio público que ha habido asuntos en su mandato muy controvertidos y de difícil abordaje, pero buena parte de ellos han sido de carácter jurisdiccional que están subjudices y, por lo tanto, no me corresponde valorarlas. Debemos de mirar al futuro y asumir el compromiso de empujar para que la Justicia en Canarias mejore cuanto antes.

-En ese sentido, ¿respira aliviando sabiendo que al TSJ ya no van a llegar diputados ni miembros del Gobierno porque ya no hay aforamientos?

-En parte es cierto. Es verdad que después de la reforma del Estatuto de Canarias en 2018 se suprimió el aforamiento de los diputados y miembros del Ejecutivo, pero no lo es menos que, si bien desapareciendo, al final todos los procedimientos de relevancia y que sean conocidos y resueltos por los órganos ordinarios, vía apelación, acaban en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.

-¿El aforamiento de los jueces no es algo a revisar también?

-Es algo que se podría considerar, no digo que no, pero si le buscamos alguna justificación, la hay. En primer lugar, solo se trata en los hechos relacionados con el ejercicio de su función y, desde el punto de vista práctico, al trasladar el centro de decisión de actuaciones penales que tienen que ver con un juez a un ámbito superior y distante, evita el fenómeno de las abstenciones y recusaciones. En alguna ocasión referente al ámbito civil, se produce esto y ha sido muy dificultoso por las relaciones personales y profesionales entre jueces. Quizás no es tan privilegio de que acaben en el TSJC las denuncias y querellas contra jueces, magistrados y fiscales.

-Cuando ve que políticos se aferran a los aforamientos para ser investigados por órganos superiores como si eso les fuera beneficioso, ¿no cree que trasladan a la sociedad que cuentan con posibles privilegios?

-Creo que el sistema que se instauró en Canarias es el más adecuado y la tendencia e inercia va por la supresión del aforamiento, pero con esto no cuestiono para nada la rectitud de los órganos que han estado enjuiciando a los cargos públicos.

-Hay jueces que acaban en la política, otros que van y luego vuelven... ¿No es algo a revisar?

-Creo que debería establecerse algún tipo de limitación al fenómeno de las idas y las vueltas de jueces a la política. No sé si un tiempo de espera o incluso, en determinados supuestos, la prohibición absoluta, sobre todo en aquellos casos en los que ha habido una clara implicación desde el punto de vista político. Cuando la sociedad percibe que hay un matiz muy partidario de alguien que regresa a la carrera judicial, al menos debería de establecerse un tiempo de espera. No solo basta que se abstengan con aquello que tenga que ver con el círculo de intereses del partido, sino que hay que distinguir a los puestos de responsabilidad en el engranaje administrativo con aquellos más políticos donde se pone más de manifiesto la vinculación del que fue juez con algún partido. Evidentemente es una opinión personal.

-¿Cuándo se dice que la Justicia está politizada, no ocurre también con las ideologías de las asociaciones judiciales?

-Los cauces asociativos son legítimos y sirven para llevar a cabo las pretensiones de los colectivos a los que representan. Evidentemente pueden tener un matiz de tipo ideológico, pero como pasa en todos los ámbitos de la sociedad. Una cosa eso es que luego eso se traslade al aspecto jurisdiccional y ahí tengo la certeza de que no ocurre. El juez, cuando se enfrenta al asunto, es independiente y empieza con el folio y la mente en blanco y analiza los hechos con objetividad. Que haya asociaciones es legítimo y no debe de escandalizar.

-Usted es vitorino, una asociación considerada conservadora. ¿Entiende que los progresistas lo puedan ver con recelo?

-Más bien en los trazos gruesos que se nos adjudican consideran a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria como moderada.

-¿Y un juez, por naturaleza, debe de ser moderado?

-Cada uno debe de ser como le parezca porque lo importante llega cuando se enfrenta al caso. Ahí, en ese momento, es cuando tiene que tener la mente libre de prejuicios. Esas son sus armas y sus opiniones particulares debe de dejarlas en la puerta. Es más, añado que también debe de ser así en el ámbito gubernativo. Es otra esfera en la que intervienen otras circunstancias, pero la forma es la misma. Debemos de ser imparciales y objetivos y eso es lo que he tratado de hacer en mi desempeño como decano y miembro de la Sala de Gobierno. Cuando aquí se tocan asuntos relevantes, le aseguro que el hecho de que sean de la asociación a, b o c, es un asunto irrelevante.

-¿Están los juzgados de Canarias a la altura del desafío que supone acabar con la lacra de la violencia sobre la mujer?

-Me refiero a aspectos organizativos e insisto que la Justicia debe de ser homogénea, con independencia del territorio y vemos que la respuesta no es idéntica. Hay partidos judiciales en los cuales la competencia de violencia sobre la mujer la lleva un juzgado mixto que también trata asuntos de registro civil o de guardia y no cuentan con un equipo de apoyo psicosocial ni de atención a las víctimas. Luego está un segundo escalón que son los juzgados de instrucción que tienen competencias en violencia sobre la mujer. Por último, en tercer lugar están los cuatro únicos juzgados especializados que son los de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Bartolomé de Tirajana y Arona. Estos sí que juegan en primera división, por lo que la atención que se dispensa a las mujeres víctimas de este tipo de delitos no es la misma, lamentablemente e así y eso hay que decirlo.

-¿Y cuál es la solución?

-Pues la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer. Siempre aparece una tensión dialéctica entre lo que es tener el juzgado en la puerta de tu casa o uno especializado. Mi opinión particular fundada en la experiencia me dice que siempre es mejor la especialización, aunque tenga que ir un poco más lejos, pero es un debate en el que tiene que intervenir la sociedad. Decidir si queremos juzgados un poco más lejos, pero dotados de equipos de atención a las víctimas, psicosociales y medios, o lo contrario. En San Sebastián de La Gomera o Valverde no podemos derivar a la mujer e hijos a un sitio lejano, pero de acuerdo con la programación el reparto sería mucho más racional estableciendo áreas y que esos juzgados tengan un ámbito comarcal con una cabeza de referencia con todos los medios. Lo más importante como Tribunal Superior de Justicia es arbitrar las peticiones y solicitar que se establezcan las estructuras que permitan dispensar una buena atención a un colectivo sensible y vulnerable como es las mujeres víctimas de violencia.

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«Debemos mostrar sensibilidad con la inmigración»

-¿La Administración de Justicia en Canarias está preparada para seguir soportando la llegada masiva de inmigrantes irregulares?

-Es un tema que, como ciudadano y presidente del TSJ, me preocupa y me va a ocupar. Ahora parece que el fenómeno está un poco contenido, pero no podemos negar la realidad de que contamos con un importante número de menores no acompañados que están bajo la tutela del Gobierno y el número de ciudadanos extranjeros en situación irregular es enorme, aunque algunos están siendo trasladados a distintos centros de la península. Está claro que es posible que este fenómeno en masa se repita y es difícil establecer planes de contingencia p ara bordarlos con garantías y respetando los derechos fundamentales que es el principal objetivo de todos los juzgados y tribunales. Yo tendré en cuenta a la hora de organizar y tratar este tipo de situaciones, el informe del Defensor del Pueblo que visitó Gran Canaria y cuyas conclusiones he leído con detenimiento y tengo muy presentes.

-¿Qué mejoraría?

Hay cosas que son mejorables y debemos de mostrar una gran sensibilidad como, por ejemplo, la asistencia letrada a los inmigrantes, aunque no debemos de olvidar que fue una oleada masiva que nadie preveía y desbordó todas las previsiones. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Es complicado porque la actividad de los tribunales en relación con el fenómeno de inmigración irregular se concentra fundamentalmente en el control de los CIES y hay dos juzgados especializados y ha sido tal la avalancha, no están en dichos centros. Por eso, se pusieron en libertad con la obligación de ser controlados por al autoridad administrativa. ¿Qué problemas plantea esto? En concreto y por poner como ejemplo a Tenerife, la concentración de inmigrantes está ocasionando problemas en espacios como Las Raíces, en La Laguna. Hemos tenido que acordar el activar una figura prevista que es la del juzgado coayudante porque había días en los que se producían 15, 20 o 30 detenidos que pasaban a disposición judicial. Esto se sumaba a la actividad ordinaria de un juzgado de instrucción. Esta misma figura se puede activar en caso de otra llegada masiva.

-¿Han tomado medidas?

Tenemos la máxima sensibilidad con este asunto y se han pedido refuerzos para San Bartolomé de Tirajana, donde la Sala de Gobierno ha pedido un juzgado más de instrucción. Tenemos la mayor predisposición para tener previstos los mecanismos a fin de dar una atención adecuada, un trato especial a personas de mayor vulnerabilidad, que se desarrollen de la forma más rápida posible los procesos para determinar la edad de los posibles menores, etcétera.