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El profuso protocolo exigido por la Consejería de Obras Públicas a los ayuntamientos para proceder a declarar zona tensionada un área municipal determinada ha frenado las expectativas iniciales.
De los municipios que anunciaron la adopción de esta medida, y en algunos casos aprobaron en pleno, solo Granadilla de Abona (Tenerife) se ha dirigido al Gobierno de Canarias para reclamar esta catalogación.
En mayo de este año, y después de la convalidación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, varios ayuntamientos anunciaron su intención de declarar áreas de su territorio como zonas tensionadas.
Entre ellos, Las Palmas de Gran Canaria, Adeje, Granadilla y La Orotava votaron en pleno y pasaron la responsabilidad al Gobierno de Canarias, mientras que Santa Cruz de Tenerife quedó pendiente de un estudio para conocer si se dan las condiciones para solicitar esta declaración.
Sin embargo, hasta ahora solo Granadilla de Abona ha cumplimentado el protocolo y ha elevado su petición al Gobierno de Canarias, institución que no se ha mostrado especialmente proclive a esta medida.
El objetivo fundamental de la zona tensionada es equilibrar los precios de los alquileres en estas áreas e introducir un índice de referencia de precios para las rentas.
Entre las condiciones que ha de registrar una zona para ser declarada zona tensionada debe figurar que el precio del alquiler y de los suministros básicos superen el 30% de los ingresos de la renta media de los hogares, y que el coste del alquiler aumente un 3% más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región en los cinco años anteriores a su determinación como área tensionada.
Canarias se ha dotado de un protocolo -similar al que existe en el País Vasco- para que los ayuntamientos presenten la documentación e informes a la hora de solicitar esta declaración en sus municipios.
El Gobierno ha destacado que la zona tensionada no implica la limitación de los precios de alquiler y considera más efectiva su estrategia en materia de vivienda, es decir, la combinación del decreto ley de medidas urgentes y la futura ley de vivienda vacacional.
La declaración de las zonas tensionadas tiene, según la ley estatal de vivienda, una vigencia de tres años. Si pasado este tiempo se mantienen las condiciones que provocaron esta clasificación y el ayuntamiento prevé mantenerla, ha de 'renovar' el proceso.
Además, durante este plazo, la declaración de zona tensionada implica la suspensión automática de la habilitación urbanística y turística de la explotación comercial de nuevas viviendas mediante el uso turístico de hospedaje, es decir, no se pueden conceder nuevas licencias de alquiler vacacional.
Según las cifras de la Consejería de Turismo y Empleo, el archipiélago cuenta con unas 54.282 viviendas vacacionales, lo que supone en torno a 222.0004 plazas, un 37% de la oferta alojativa.
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