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B. HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 6 de noviembre 2021, 01:00
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El Gobierno de Canarias advirtió de ayer que sería «inaceptable» que los 70.000 millones que España recibe del Mecanismo de Recuperación europeo -la mitad los gestiona el Estado y la otra mitad se reparte entre las comunidades- no tengan una distribución territorial proporcional al daño provocado por la pandemia en las distintas comunidades, daño que en el caso de Canarias ha sido más profundo que en el resto de autonomías debido a las restricciones a la movilidad y su incidencia en el sector turístico.
En un acto celebrado en las instalaciones de CANARIAS7 en El Sebadal -patrocinado por Binter, Astican y JTI-, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, presentó ayer el proyecto de ley de presupuestos para 2022, que tiene una de sus principales fuentes de ingresos en los recursos procedentes de la Unión Europea. Estos fondos llegan fundamentalmente a través de los programas React-EU, «que no supondrán ninguna dificultad porque dependen de la comunidad autónoma», y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Este último instrumento supone un paquete de ayudas para España de 69.500 millones, de los que la mitad convoca el Estado y Canarias participa a través de entidades y empresas. Aquí, señaló Román Rodríguez, el Gobierno regional «empuja» para que se tengan en cuenta los proyectos de las islas y, en su opinión, debe primar el componente territorial. De este gran fondo, un 5% va destinado a las corporaciones y entidades locales y el resto se destina a las comunidades autónomas. De esta última, parte, Canarias aspira a absorber 1.750 millones «de los que 900 están prácticamente asegurados», dijo el vicepresidente, quien añadió que los recursos procedentes de Europa «son importantes pero no hay que mitificarlos» y subrayó que la información que se tiene al respecto es «insuficiente y en muchos casos confusa».
Rodríguez explicó que el proyecto de ley de presupuestos para 2022, el tercero que diseña el pacto formado por Partido Socialista (PSOE), Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), recoge un gasto no financiero de casi 9.100 millones, lo que supone un incremento de 624 millones (7,3%) respecto a los presupuestos vigentes, una subida, reiteró Rodríguez, que se produce «sin tocar la fiscalidad y reduciendo los intereses que se pagan por la deuda». Este techo de gasto se verá incrementado en «cientos de millones» aún pendientes de los recursos de recuperación de la UE, así como de la incorporación de transferencias del Presupuesto General del Estado. Román Rodríguez hizo hincapié en que el contexto económico y social ha mejorado, pero también en el papel que ha tenido el sector público en este periodo de crisis frente a la anterior, con un comportamiento expansivo y anticíclico como respuesta al retroceso del sector privado.
El 75% del montante global de estas cuentas -que ya han iniciado el trámite parlamentario y se votarán el 20 y 21 de diciembre- va destinado a políticas sociales y servicios públicos, uno de los ejes de este presupuesto, junto con el impulso a la inversión y el apoyo a los sectores productivos, que incrementan el presupuesto un 28%. Agregó el vicepresidente que el contexto del proyecto de ley se enmarca en el éxito obtenido por la vacuna contra la covid, el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales y el «despliegue» de los fondos de recuperación, tanto los procedentes del Estado como de Europa. Aún así, reconoció que persisten algunos «riesgos severos» como las nuevas variantes del covid-19 -que pueden afectar a la movilidad y al turismo-, el encarecimiento de las materias primas o la presión inflacionistas.
En su exposición, hizo hincapié en que la elaboración de estas cuentas se ha regido por «la prudencia» ya que, aunque se han diseñado sin los límites que exigen las reglas de gasto, se ha intentado garantizar la sostenibilidad y salvaguardar la solvencia financiera de la comunidad para los próximos años. En cuanto al déficit, el cálculo del Ejecutivo es que se sitúe entre un 0,3% y un 0,4% para el próximo año y que se procurará financiar con remanentes de Tesorería, aunque «no tendremos ningún problema en acudir a deuda cuando sea necesario», apostilló resaltando que Canarias es una de las comunidades menos endeudadas de todo el Estado.
De los 624 millones de incremento que suma el presupuesto de la comunidad autónoma para 2022, Sanidad recibe 160 millones, mientras que Educación crece en 158 millones y el área de Derechos Sociales experimenta una subida de 70 millones. Asimismo, Rodríguez destacó que los servicios esenciales crecen de manera importante en el Capítulo I (Personal), que sube en 221 millones (un 6,20%), lo que permitirá consolidar los empleos de refuerzo por la covid tanto en como en Educación y Sanidad , aunque en el caso de los rastreadores, su continuidad depende de la evolución de la pandemia. También se ha hecho, dijo el consejero, un esfuerzo «muy importante» en Derechos Sociales ante la falta de personal que registra este departamento para afrontar la gestión de sus competencias.
Por otro lado, en el epígrafe de inversiones se produce un incremento de casi 200 millones respecto a los dispuestos en las cuentas de 2021 y los capítulos VI y VII suman 1.381 millones, además de 383 millones de apoyo a los sectores productivos, 85 millones más que este año, lo que significa un 28,5% de aumento, según recoge el proyecto de ley de presupuestos.
El titular de Hacienda también destacó que todas las administraciones, tanto el Gobierno de España, como el canario y las entidades locales palmeras están «volcadas» en la reconstrucción de la isla tras la catástrofe sufrida por la erupción del volcán, no solo para responder a la emergencia sino para la reconstrucción, que a su juicio, es lo más difícil. «El problema», mantuvo, «no es de recursos sino de planificación y gestión».
Rodríguez se refirió ayer a la evolución demográfica en las islas y consideró que se trata de un asunto «de difícil solución» y que «distorsiona el futuro». A su juicio, existe una «descovergencia» entre el bienestar de Canarias con la media del país -en desempleo, pobreza o PIB- que se sitúa en parámetros no vistos desde mediados de los años 60. Una de las causas de esta situación la encuentra en el aumento de población en los últimos 20 años: un 32% en las islas, 15,9% la media española y 4,7% en comunidades como Euskadi, que creció en 90.000 personas frente a 500.000 de Canarias. Con estos datos, dijo, la respuesta los servicios públicos como producción agua, gestión de residuos o empleo «es insostenible». Recordó que hace años se creó un comité de experto sobre demografía e inmigración y concluyó que el único mecanismo para contener la evolución demográfica y evitar una situación insostenible es intervenir sobre el modelo, un fórmula «difícil pero no imposible» porque no se puede limitar la libre circulación en la UE.
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