Imagen de archivo de un yihadista detenido en las Islas Canarias. / EFE

Un radical que vivía en Canarias será expulsado del país al ser una «amenaza»

Aunque no fue penado por enaltecimiento y captación de terroristas, supone un riesgo para la seguridad de España, dice la Audiencia Nacional

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de un presunto yihadista marroquí que residía en Canarias contra la resolución de 4 de febrero de 2019, dictada por la Secretaria de Estado de Interior, por la que acordaba su expulsión del territorio nacional con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de 10 años.

La Sección Quinta determina que, a pesar de que no fue condenado penalmente por los hechos investigados, eso no quita que, de su conducta personal, se desprenda «un riesgo significativo y concreto para la seguridad pública y supone una amenaza, real, actual y suficientemente grave para la seguridad nacional». Todo ello, según la sentencia, debido a la «radicalidad en sus pensamientos ideológicos que le habrían conducido a vestirse con túnica negra y turbante del mismo color, tal y como hacen los miembros del Daesh, realizando gran cantidad de consultas en internet donde muestra un gran interés por el conflicto sirio», sostiene la Sala sobre este individuo que vivía en Tenerife.

La Audiencia Nacional determina de esta manera la expulsión de este presunto yihadista independientemente de que el Juzgado Central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el 10 de diciembre de 2018, dictara un auto de sobreseimiento tras haber sido imputado por el delito de enaltecimiento del terrorismo y el de captación para llevar a cabo actos terroristas. La Sala entiende que, de las pruebas practicadas, no se puede llegar a la conclusión que hace el atestado policial que el detenido era un yihadista, pero indica lo siguiente: «En efecto, los efectos incautados» al residente en Tenerife «en las entradas y registros con todo el material informático analizado, pone en evidencia» su «radicalidad religiosa» junto a otros investigados en la misma operación. Todos «se adhieren» a la vivencia religiosa del investigado «de carácter marcadamente salafista, esto es, entender la religión de la manera en la que vivían los primeros seguidores del Profeta Mahoma, lo que lleva a una visión integrista de la vida en todas sus áreas», detalla la sentencia que, incluso, incide en que «se han detectado en el material analizado contenidos orientados al autoadoctrinamiento o al enaltecimiento de acciones terroristas, si bien sin trascendencia penal».

La defensa del presunto yihadista residente en Tenerife alegaba diez motivos para discutir la resolución de expulsión del país dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque la Audiencia Nacional los desestimó. Este órgano entendió que el investigado -a pesar de que su actuación no tuvo trascendencia penal- constituye solo con su presencia en España «una amenaza real y grave contra la seguridad nacional», ya que «su propia ideología radical se enmarca en la amenaza del terrorismo yihadista que constituye, en sí misma, una grave amenaza para los derechos humanos y es contrarios a los principios básicos del Estado de Derecho».

Arraigo

El presunto yihadista, que tiene autorización de residencia en España de larga duración concedida el 22 de febrero de 2011, cometió la infracción según el fallo «ya en edad adulta» y, aunque se pudiera afirmar que su familia esté arraigada, no concurre en el interesado la situación de arraig o «por su modo de proceder y comportarse en territorio español», añade. «Si no respeta tales normas, resulta evidente que no se encuentra arraigado».

Por último, su mujer tiene nacionalidad marroquí y, aunque sus dos hijos han nacido en España, «tienen actualmente 7 y 3 años de edad por lo que no parece haber dificultades de integración en Marruecos en atención a su edad e idioma familiar».