Santiago Pérez recurrirá el archivo del caso Reparos

«Es un escándalo y una derogación de principios constitucionales primordiales que cargos públicos de todo el país que están siendo investigados por actuaciones indiciariamente delictivas en el ejercicio de su cargo como alcaldes se aforen, se conviertan en senadores o diputados, para elegir el tribunal que les va a investigar y que les va a juzgar», añade Santiago Pérez.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, desvinculó a su formación política del caso Reparos, indicando que «no es el Partido Socialista ni la dirección del Partido Socialista» quien ha denunciado este asunto.

A pesar de esta línea marcada por la dirigente regional, el denunciante Santiago Pérez es el senador por la comunidad autónoma bajo las siglas del PSOE, militante de este partido desde hace un año y medio.

Aún así, Fierro reiteró que la posición de su partido, «como ha sido siempre», es el «absoluto respeto» a las decisiones judiciales «antes, durante y después» del proceso pero que no tienen nada que ver con el caso.

Ademas, mantuvo que los socialistas «no nos cansamos de decir que la política no se debe judicializar» para reiterar que «no ha sido el Partido Socialista» quien ha llevado a la Justicia a Fernando Clavijo por esta causa.

Frente a la acusación del dirigente nacionalista de que el caso Reparos ha sido una «denuncia política» de PSOE y Podemos, la secretaria de Organización reiteró que la dirección de su formación «no ha puesto ninguna denuncia».

El senador del Partido Socialista por la comunidad autónoma, Santiago Pérez, fue quien presentó la denuncia del caso Reparos en 2018 al entender que existía un posible delito en la prórroga de contratos, obviando los concursos públicos, que incluía los años 2011 y 2014, periodo en el que Clavijo estuvo al frente del Ayuntamiento tinerfeño.

Esta es la segunda ocasión en que el Tribunal Supremoarchiva una causa al dirigente de Coalición Canaria (CC). La primera fue el denominado caso Grúas, a mediados de 2020, en el que fue investigado también en su condición de alcalde de La Laguna.

En aquella ocasión, el alto tribunal procedió al archivo al no apreciar delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la gestión municipal del servicio de retirada de vehículos de la vía pública a través de una concesionaria.

Sin embargo, este asunto le costó a Fernando Clavijo su reelección como presidente del Gobierno de Canarias después de las elecciones autonómicas celebradas en 2019.

Su imputación en el caso Grúas, que un año después archivaría el Supremo, impidió la conformación de un pacto de centro derecha -con el Partido Popular y Ciudadanos-, ya que Vidina Espino, la entonces diputada de la formación naranja, señaló como línea roja que no apoyaría a un imputado.

Espino, que ya está fuera de la disciplina de Ciudadanos, se integra actualmente en la candidatura por la circunscripción regional de Coalición Canaria al Parlamento autonómico, liderada precisamente por Fernando Clavijo.