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ALMUDENA SÁNCHEZ
Santa Cruz de Tenerife.
Sábado, 7 de noviembre 2020, 00:00
El carácter «expansivo» del presupuesto autonómico para 2021 -crece un 5% en relación al ejercicio anterior, con 8.474 millones- no excluye que el gasto social se mantenga, un año más, en torno al 75% de los créditos que aparecen en el proyecto de ley.
Ayer, en el acto de entrega de las cuentas autonómicas al Parlamento, el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno, Román Rodríguez, explicó que el presupuesto para el año próximo está «condicionado por la pandemia», concretamente, para afrontar la crisis social originada por ésta. A continuación, resaltó el crecimiento que experimenta el gasto social que en su conjunto significa 6.536 millones, un 75% del total.
No obstante, este porcentaje es similar a lo que presupuestó el Ejecutivo el año anterior -8.066 millones- cuyas tres cuartas partes, es decir, unos 6.037 millones de euros se destinaron a la misma finalidad.
En cualquier caso, para el año próximo, las consejerías de Educación dispondrán de 1.978 millones -5,4% más-, Sanidad de 4.287 millones -5,1% de incremento- Empleo de 298 millones -1,2% más-, Vivienda con 121 millones -28,1% más-, Justicia con 168 millones -1,3% más- y Derechos Sociales con 510 millones -0,7% de subida-.
Sobre el menor crecimiento que registra el departamento dirigido por Noemí Santana, el responsable de Hacienda lo vinculó a la reordenación de prestaciones de gran alcance social. En concreto, se refirió a la implantación del Ingreso Mínimo Vital, que sufraga el Estado- que ha desplazado a la renta canaria de ciudadanía, aunque el viceconsejero de Presupuestos, Fermín Delgado, puntualizó que «seguimos trabajando en ella».
De hecho, se mantendrán para 2021 los 50 millones que figuran en el año en curso para la renta canaria para «complementar» el Ingreso Mínimo Vital hasta su plena consolidación.
De todos modos, el consejero aseguró que, a lo largo de 2021, Canarias recibirá «no menos de 80 millones» entre los recursos procedentes del Plan de Lucha Contra la Pobreza -30 millones-, de la dependencia -otros 30 millones- y el resto, para la atención domiciliaria y cuidados.
Además de la crisis social, el Gobierno incrementa la inversión pública con el objetivo de dinamizar la economía. A ello le dedica un aumento del 17,5% hasta situarla en 1.180 millones, entre inversión directa y transferencias de capital.
En el proyecto de ley se indica que el principal destino de las inversiones reales -665 millones-será la infraestructura viaria vinculada al Convenio de Carreteras. A ellas se consignan 200 millones de euros.
La otra línea importante es la de Vivienda, con un incremento del 110,4%. También destacan los 13,2 millones para el Programa de Infraestructuras Turísticas. Aunque la cuantía es menor -3,8 millones-, es destacable las inversiones que se prevén vincular al desarrollo sostenible y cambio climático.
Dentro de las transferencias de capital -514 millones-, cabe reseñar las actuaciones de la empresa pública Puertos Canarios que dispondrá de 7,9 millones.
Por otra parte, al desarrollo de los sectores productivos, se le dedican 291 millones, un 22,9% de subida presupuestaria. En concreto, a la promoción económica y comercial se asignan más de 53 millones, un 68,3% de aumento, al apoyo al sector turístico 50 millones -un 40,7% más- y a la investigación, desarrollo e innovación 55 millones, un 10,3%.
Para la creación de puestos de trabajo, cabe apuntar que el Servicio Canario de Empleo dispondrá de 222,32 millones -1,5% de aumento-. Parte de ellos se dirigirán al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) -12,7 millones- y la denominada Tarifa Plana de Autónomos, por la que se amplía al segundo año de actividad la ayuda estatal.
Otro punto a reseñar es lo relacionado con el personal. El Gobierno ha consignado 3.576 millones, un 6,12% más en relación al ejercicio en vigor. Además del probable incremento retributivo anunciado, en Educación se aumenta en 93 millones para, en parte, sufragar la contratación de los nuevos funcionarios docentes como consecuencia de la adaptación a la pandemia.
En Sanidad también se incrementa el presupuesto de personal en 114,35 millones -7,17%- que incluye, además, el ajuste al gasto real, según el informe económico del presupuesto.
En paralelo, se recoge el esfuerzo por digitalizar la Administración. En este sentido, los gastos corrientes suben el 3,9% hasta los 1.227 millones. De estos, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías tiene disponibles 7 millones -22% más- para la reposición y adquisición de nuevas tecnologías.
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