El presidente del TSJC pide el cese de los ataques a los jueces

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, apeló este viernes, en el acto de apertura del año judicial, al fin de los «ataques» a la judicatura desde las instancias políticas.

«Hace falta, en suma, tender puentes, no levantar muros. Y hace falta, también, respeto institucional», sentenció ante decenas de representantes del mundo jurídico, institucional, político, económico y social.

Ese mensaje está en línea con lo que se ha escuchado en estos días desde otros tribunales superiores en actos similares, así como desde el Consejo General del Poder Judicial.

En su discurso en el antiguo palacio de Justicia de Vegueta, en la capital grancanaria, Lorenzo Bragado puso en valor que se acabase con la interinidad del CGPJ, para, acto seguido, lamentar que no cesen «los ataques a los jueces, que están llegando a lo personal».

«No está de más, por ello», agregó, «recordar las palabras pronunciadas por nuestra presidenta, la nueva presidenta del CGPJ, en su discurso de apertura del año judicial. Dijo que 'las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica y es, precisamente, la posibilidad de criticarlas lo que hace a una sociedad libre, abierta y plural. El derecho a la discrepancia es posible, habitual, incluso podría decirse que es inherente al debate jurídico. Pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto'»

«Lamentablemente», prosiguió el presidente del TSJC, «no dejamos de asistir, día sí y día también, al señalamiento de jueces, con nombres y apellidos, así como a descalificaciones globales al Poder Judicial por parte de representantes políticos, no solo en los medios de comunicación, sino incluso desde la tribuna del Congreso».

Frente a estos ataques, «el Poder Judicial –el poder más débil, como decía Hamilton– poco puede hacer. Cabe la petición de amparo que los jueces pueden dirigir al Consejo cuando se sientan inquietados en su independencia (...) Cabe también la reacción a título individual, mediante el ejercicio de las acciones civiles y penales que correspondan por parte del juez afectado en su honor, o injuriado o calumniado; incluso cabe la posibilidad de que el Ministerio Fiscal actúe en defensa de la independencia de los tribunales».

Sin embargo, dijo, «la mayor parte de esos ataques se realizan al amparo de la inviolabilidad parlamentaria». «Mientras tanto, va calando en la ciudadanía la idea de que todo vale, de que las decisiones judiciales pueden ser neutralizadas o desautorizadas cuando no convienen al poder político, y que los jueces, cuando desairan al poder político, prevarican. Se trata de una deriva sumamente peligrosa porque representa una grave afrenta a la separación de poderes y a la confianza en las instituciones».

Lorenzo Bragado concluyó esa parte de su discurso afirmando: «Debemos reclamar, por tanto, que los demás poderes del Estado sean respetuosos con el Poder Judicial, porque sin ese respeto los jueces no pueden desarrollar su labor con independencia y ello afecta al Estado de Derecho, uno de los pilares básicos de nuestra Constitución y de la Unión Europea».

En su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ofreció una radiografía de la actividad judicial de las islas. En ese sentido, incidió en el «notable incremento de asuntos». Así, los 211 órganos judiciales de Canarias registraron el año pasado 417.539 asuntos, un 5,9% más que en 2022.

El incremento de actividad fue más notable en el área civil, con un 8,5% más de asuntos, y contencioso (8%), menos en penal (4,5%), y bajó ligeramente en social (1,3%).

Canarias volvió a ser, por cuarto año consecutivo, la comunidad con la tasa de litigiosidad más alta de España: 188,6 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Eso se traduce, prosiguió, «en órganos judiciales sobrecargados: 118 de los 211 órganos de Canarias superaron el 130% del módulo de entrada».

El presidente del TSJC subrayó que resulta «especialmente preocupante» la situación de los juzgados civiles, con una media de sobrecarga del 232%; los mercantiles, que superan el 160%; los sociales, con más del 156%, y los mixtos, con el 157,8%.

Dentro del TSJC la sobrecarga afecta a la Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife, con un 138%.

Lorenzo Bragado mencionó «la crítica situación que atraviesa la jurisdicción contencioso-administrativa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En la reunión de la Sala de Gobierno que acabamos de concluir hemos acordado poner esta situación en conocimiento del CGPJ y hemos propuesto soluciones a corto y medio plazo para solventarla».

Pese a ese panorama, hay un «alto nivel de rendimiento de los órganos judiciales de Canarias. Se resolvieron 380.394 asuntos, un 1,3% más que en el ejercicio previo». Se alcanzó también la tasa más alta tasa de sentencia (322 por juez, mientras la media nacional es de 277).

Igualmente, como dato positivo destacó que Canarias presenta el mejor registro de decisiones confirmadas por el Tribunal Supremo (el 99%).

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