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Los internos de los centros investigados en Gran Canaria estaban hacinados en habitaciones «de aspecto tétrico y carcelario» | Hay hasta cinco informes negativos de los centros gestionados por Siglo XXIFrancisco José Fajardo y Francisco Suárez Álamo
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 8 de junio 2023
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias contó con, al menos, cinco informes negativos resultantes de las inspecciones que la Fiscalía de Menores, la dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, el Defensor del Pueblo y el Diputado del Común, realizaron a los tres centros que gestiona la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en Gran Canaria.
En estos documentos aportados por la Fiscalía Anticorrupción en la querella que dio origen al caso Menas por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos, se detalla que los recintos utilizados para los inmigrantes tenían un «aspecto tétrico y carcelario» y allí estaban «hacinados». Unos recursos por los que el Ejecutivo canario transfirió 12.505.878 euros a la ONG con sede en Madrid.
Según el fiscal Javier Ródenas, estos informes son el «reflejo» de la que considera una «irregular, defectuosa, opaca, y desviada gestión económica» de los centros de menores gestionados por la investigada Fundación Respuesta Social Siglo XXI.
Todo ello, añade esta parte, con el «indiciario desvío de un dinero vinculado a la superior función pública de la atención integral de los menores» a las «cuentas personales» de los cuatro directores querellados, el «abusivo uso fraudulento efectuado por los directores» de la tarjeta bancaria del centro «para satisfacer gastos personales y comidas en restaurantes», así como la facturación de gastos «en conceptos, a priori, ajenos a la gestión» del recurso.
Estas circunstancias, originaron una «merma en la calidad de la atención integral de los menores», determina Anticorrupción, «en las instalaciones de los centros y en sus estancias».
En lo que respecta al recurso situado en Vegueta y que fue dirigido anteriormente por la polémica investigada María de los Ángeles Barroso, el 17 de marzo de 2023 la fiscal decana de Menores y su equipo técnico llevaron a cabo una inspección «con aviso previo» dos días antes. En el acta concluyen que «si bien» estaba previsto como un dispositivo residencial de emergencia, «lo cierto» es que operaba «como un hogar de acogimiento residencial».
En síntesis, añade el documento al que ha tenido acceso este periódico, la situación de los menores era de «hacinamiento», sin «espacios comunes suficientes para su esparcimiento» y unas habitaciones «manifiestamente pequeñas, oscuras y mal ventiladas, de aspecto tétrico y carcelario».
Francisco Suárez Álamo
Además, durante la inspección la fiscal observó que los residentes estaban «o en la cama o subiendo y bajando por las escaleras, sin nada que hacer, yendo de un lado a otro ociosos» mientras que los auxiliares técnicos observaban «desempeñando un rol más bien de vigilante de seguridad que de auténtica intervención educativa y social» con ellos.
En ese escenario, a la representante del Ministerio Público no le salían «las cuentas», advirtió, o no «alcanzamos a comprender en qué se están invirtiendo los fondos» que recibe la dirección del recurso. Así, sumaron los «1.700 euros semanales que recibe el centro de la fundación, a los 95 euros diarios por las 44 plazas, más los 72 euros diarios por las dos plazas no ocupadas», lo que les arrojó una cantidad total de 136.520 euros mensuales, «que desde luego no se están invirtiendo en mantener a los menores en unas condiciones adecuadas, a la vista del estado de las instalaciones».
Según el fiscal Anticorrupción
También detectaron «quejas» en la alimentación que se les daba a los niños, de que acudían a recursos formativos públicos «andando o en guagua» y no se organizaban «actividades de ocio y esparcimiento que supongan costes especialmente elevados».
Por último y en lo referente a la documentación, la fiscal alertó al Ejecutivo canario que le preguntaron a la directora que sustituyó a María de los Ángeles Barroso si disponían de cédula de habitabilidad y les respondió que no, «pero que se la han pedido al dueño del inmueble».
Rafael Falcón
También, al solicitarle el contrato de arrendamiento de la vivienda, la gestora le facilitó un contrato de fecha de 18 de enero de 2021 suscrito entre el arrendador y el representante de Siglo XXI y en el mismo no figuraba «el importe de la renta ni la fianza». En ambas cláusulas constaba la leyenda «XXXXXXXX».
Este «inexplicable» documento, a juicio de la inspección, «sería nulo» y, a pesar de «recordar a la directora que llamase al gerente para que nos diera el dato de la renta, ésta se limitó a manifestar que le iba a mandar el contrato y que ya nos lo haría llegar el resto de la documentación solicitada». Sin embargo, el acta determina que estas cantidades aún «no han sido aportadas».
El 10 de junio de 2021 un equipo de técnicos de la dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, realizaron una inspección al recurso residencial denominado Demena Portobello –dirigido por Fernando Pérez Romero–, todo ello «ante los innumerables y graves incidentes que se estaban produciendo a diario», destaca la querella.
El informe técnico salió a la luz cinco días después y describió un complejo hotelero «dividido en tres plantas con 19 habitaciones cada una» que contaba con pasillos, paredes, puertas, ventanas y zonas comunes «bastante deterioradas y estropeadas por el mal uso y continuos golpes».
Las habitaciones estaban «sucias, mal cuidadas, desordenadas y con clara falta de limpieza», los «escasos» espacios comunes no estaban «acondicionados y el tiempo de ocio lo destinaban «a estar cada uno encerrado en sus habitaciones o a las afueras del centro».
Francisco José Fajardo
También detectaron «falta de personal educativo» que estuviera «pendiente de los chicos» y la realización de «actividades de carácter formativo». Se encontraron a los jóvenes «encerrados en sus habitaciones o deambulando por los pasillos», sin «hacer nada productivo».
En líneas generales, los técnicos de la propia dirección general del Gobierno de Canarias describieron a Puerto Bello como unas instalaciones que no reunían «condiciones óptimas para residir» y con un personal educativo que no se encontraba «cualificado ni preparado para atender a los menores». Por este motivo, propusieron en junio de 2021 su «cierre a la mayor brevedad posible».
Por último, el recurso situado en Tafira y dirigido también por Fernando Pérez Romero cuando se marchó de Puerto Bello, fue inspeccionado por Fiscalía de Menores, Diputado del Común y Defensor del Pueblo ante la multitud de quejas vecinales presentadas.
En la primera de ellas realizada por el Ministerio Público, describieron un inmueble con «falta de conservación», puertas y ventanas «rotas, unas con barrotes y otras no», todo ello a pesar de que la dirección «nos manifestó que se han realizado bastantes reformas», expone el documento. La planta inferior o «casa de abajo» tenía «un aspecto mucho menos acogedor y frío», con «poca iluminación y ventilación habilitada para habitaciones».
Fuera tenían un módulo exterior portátil con varias duchas, retretes y lavamanos metálicos, pero carentes de «materiales adecuados para el aislamiento del frío». Detectaron una instalación eléctrica «deficitaria», calificándolo como una «sucesión de estancias en las que se instalaron literas», sin disponer de armarios o cualquier otro mobiliario, «teniendo los menores que guardar sus pertenencias en maletas».
Francisco José Fajardo
El Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo Pujol también denunció «deficiente limpieza, mal estado de las habitaciones» con «grietas, agujeros en paredes, puertas y ventanas rotas o sin cristales». De esta forma, el documento remitido a la Fiscalía General del Estado concluía que no «quedaba garantizado» el derecho fundamental «a la educación», reseñando las quejas que le transmitieron los menores «en cuanto a la cantidad y calidad de las comidas, demora en la asistencia sanitaria y carencia de ropa y calzado».
El 6 de septiembre de 2022 fue la Diputación del Común la encargada de inspeccionar el recurso de Tafira y advirtieron «graves carencias de limpieza» y baños que no estaban «en las debidas condiciones higiénico-sanitarias para su uso».
El documento refería que no había «sala o estancias de reunión, ni cocina o espacio habilitado como tal», adhiriéndose al resto del relato de deficiencias recogidas en el informe del Defensor del Pueblo realizado año antes.
A pesar de los informes negativos realizados a centros para menores no acompañados en Gran Canaria, el viceconsejero de la Presidencia en funciones, Antonio Olivera dijo este jueves que «ha habido siempre una permanente apertura y transparencia y no ha habido quejas sobre los elementos que incidían en la atención de estas 3.000 personas y, ante cualquier alerta, se ha intervenido con precisión», dijo.
Francisco José Fajardo
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Francisco José Fajardo
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