Caso Mascarillas: La Fiscalía Europea rechaza la nulidad que pidió Domínguez

El decreto de las fiscales europeas Gloria Yoshiko Kondo Pérez y Oihana Azcue Labayen, notificado este lunes a las partes, determina que todas las diligencias de investigación que practicó hasta la fecha el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria son válidas. Además, subraya que la Fiscalía Europea está legitimada para ampliar la instrucción de la causa.

En concreto, según el decreto, «al ser competente desde la denuncia la Fiscalía Europea» no procede la nulidad de las actuaciones. Ademas, añade el documento, «una vez ejercido el derecho de avocación, no se producirá la retroacción de las actuaciones, si bien podrá retrotraerse la causa en lo que resulte indispensable para la continuación de la investigación». Es decir, todo lo que se ha investigado es válido y no se empezará de nuevo la instrucción, como así pidió el letrado el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS).

A partir del ejercicio del derecho de avocación, ahora corresponde a la Fiscalía Europea «dirigir la investigación, según sus propios criterios», determina el decreto, «acordando la práctica de nuevas diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos y el aseguramiento de las responsabilidades». También reconoce la «posibilidad» de proposición de diligencias por las partes «sin que quede afectada la validez de lo anteriormente realizado, y sin perjuicio de la valoración que de ello se pueda hacer por las fiscales europeas delegadas actuantes».

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Además, decretaron que no había lugar para el traslado de información del procedimiento al abogado de Domínguez, como así solicitó en el mismo escrito. «No procede, en el momento actual, al encontrarse secreta la causa, sin perjuicio de que, dictado el decreto que ponga fin al secreto, se dé traslado, a todas las partes intervinientes, de todas las diligencias practicadas a las que no hayan tenido acceso».

Por otra parte, la Fiscalía Europea rechazó la personación en el procedimiento de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, que en su momento aceptó el Juzgado de Instrucción grancanario tras el pago de una fianza de 3.000 euros.

En este caso, las fiscales actuantes han expuesto que «iniciado el procedimiento ante la Fiscalía Europea por el ejercicio del derecho de avocación, quienes se encuentren personados como acusadores particulares perderán automáticamente su condición de parte».

Como se recordará, el caso Mascarillas tiene su origen en las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, que derivaron en una querella, en torno al contrato suscrito en 2020 por el Servicio Canario de Salud con la empresa RR7 para la compra de un millón de mascarillas previo pago de cuatro millones de euros.

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Anticorrupción apreció presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. Como investigados quedaron en un primer momento Conrado Domínguez, Ana María Pérez (directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud en el momento de los hechos) y el empresario Rayco Rubén González. Posteriormente el juez Francisco Javier García García-Sotoca ampló la lista de imputaciones e incluyó a la esposa del empresario, su madre y un primo de aquel, además de imputar a Osvaldo Lastras, amigo de Conrado Domínguez que falicitó el contacto del dueño de RR7 con Sanidad. Asimismo, incluyó un nuevo delito: malversación.

La instrucción fue asumida por la Fiscalía Europea al entender este organismo que es competente por la utilización de fondos europeos para el pago de las mascarillas. Sin embargo, la Intervención de la Comunidad Autónoma aportó al juez un documento en el que señalaba que finalmente no se endosó la operación a cargo del dinero del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (Feder).