Lorenzo advierte que la Justicia está desbordada y necesita una «mayor capacidad de resolución»
La sobrecarga estructural, las deficiencias en infraestructuras y el crecimiento imparable de la litigiosidad hacen imprescindible, según la Memoria del TSJC 2025, reforzar medios humanos y materiales para garantizar un servicio público eficiente y sostenible
«Necesitamos mayor capacidad de resolución». Con esta afirmación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, abrió la presentación ante los medios de la Memoria de la actividad de los órganos judiciales de Canarias durante el pasado año 2024, un documento aprobado por la Sala de Gobierno el 6 de junio y entregado a la presidenta del Parlamento de Canarias el pasado jueves 19 de junio. La Memoria está ya disponible en la Extranet del Poder Judicial.
«La Memoria que tengo el honor de presentar, recoge, como es preceptivo, el análisis exhaustivo de la actividad desarrollada por los órganos judiciales del Archipiélago a lo largo del año 2024, así como las principales deficiencias detectadas y las propuestas de mejora que, a juicio de la Sala de Gobierno, resultan imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma».
El presidente destacó que «el ejercicio de 2024 ha estado marcado, una vez más, por la singularidad de la realidad canaria, que se traduce en una elevadísima tasa de litigiosidad que, por sexto año consecutivo, sitúa a Canarias a la cabeza de España, con 212 pleitos por cada 1.000 habitantes (y eso que veníamos ya de 188), cifra muy superior a la media nacional y reflejo de la complejidad social, económica y territorial de nuestro entorno».
Este contexto se tradujo en un total de 475.761 procedimientos incoados, frente a los 417.700 del año anterior. «Este dato, que evidencia la confianza de la ciudadanía en la Justicia como instrumento de tutela de sus derechos, supone también un desafío estructural para nuestros órganos judiciales, que han debido hacer frente a un incremento del 13,9% en el número de asuntos registrados».
A pesar de esa presión creciente, la respuesta de los órganos judiciales fue «ejemplar». «Se han resuelto 440.489 asuntos, un 15,8% más que en el año anterior, y se ha mantenido un alto nivel de eficacia, como lo demuestra el hecho de que hemos alcanzado la media más alta de sentencias del país (386 por juez/año), con un porcentaje de confirmación por el Tribunal Supremo del 92%, el cuarto más elevado del Estado».
«Todo ello, además, con un tiempo medio de resolución en primera instancia de 6,2 meses, situando a Canarias entre las comunidades con mayor agilidad procesal».
Sin embargo, Lorenzo Bragado advirtió de que «el incremento sostenido de la litigiosidad ha generado una sobrecarga estructural, que afecta ya más del 63% de los órganos judiciales, concretamente 139 superan el umbral del 130% del módulo de entrada, especialmente en los órdenes civil, social y, de manera crítica, en la jurisdicción contencioso-administrativa».
«Especialmente preocupante es la situación de los juzgados civiles, con una media del 252% (superando en un 30% los registros del año pasado); igualmente, los juzgados de lo mercantil, que superan el 211% (el año pasado tenían un +160%); los sociales, con más del 177% frente a un 156% en 2023, y los mixtos, con el 166%».
En el caso de los órganos colegiados, el presidente del TSJC calificó de «crítica» la situación en las secciones civiles de las audiencias provinciales: «274% las de Santa Cruz de Tenerife (+191 el año pasado) y nada menos que el 328% las de Las Palmas, que el año pasado tenía un 246% sobre el módulo».
«Dentro del TSJ la sobrecarga afecta a la Sala de lo Contencioso-administrativo con sede Santa Cruz de Tenerife con un 346% sobre el módulo y un incremento del 206% con respecto al año pasado, ello como consecuencia del incremento de la litigiosidad en materia de extranjería».
En materia de dotación de medios, Lorenzo Bragado valoró como positiva la creación de nuevas plazas, aunque insuficiente para revertir el colapso: «En 2024 entraron en funcionamiento 9 unidades judiciales en Canarias, dato positivo, pero seguimos necesitando más. La Sala de Gobierno priorizó la creación de al menos 11».
«Para paliar esta desbordante situación, la Sala de Gobierno, como en ejercicios anteriores, ha desplegado una intensa actividad para solicitar medidas de refuerzo».
Respecto a infraestructuras, volvió a subrayar la situación crítica de varios partidos judiciales: «Seguimos constatando graves deficiencias en materia de infraestructuras. Crítica es la situación del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, de igual forma que reclamamos una pronta solución para la problemática de los partidos judiciales de Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Granadilla de Abona, San Bartolomé de Tirajana y La Orotava».
También se refirió al uso de nuevas tecnologías: «Me remito al detallado informe en que se mencionan las sucesivas prórrogas a que se ha visto obligada la Sala de Gobierno para considerar Atlante Web de obligatorio uso para la carrera judicial al no haberse implementado durante 2024 todos los requerimientos necesarios para la plena operatividad del EJE. Ello no obstante, debo dejar constancia de que el pasado 6 de junio, la Sala de Gobierno, finalmente, ha dado el visto bueno definitivo, por lo que a partir del 1 de julio de 2025 Atlante Web en su totalidad es de uso obligatorio para todos los jueces de Canarias».
La edición de este año es la más amplia desde que Lorenzo Bragado asumió la presidencia «siguiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas, amplía los contenidos habituales, dando visibilidad a aspectos hasta ahora no contemplados, como la actividad de los juzgados de paz, del tribunal del jurado, la formación descentralizada, o la labor que sigue desarrollando el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria que se adentra en su cuarto año de existencia y que constituye un referente no sólo en toda España, sino a nivel internacional».
La Memoria también recoge la actividad del Gabinete de Prensa, del programa 'Educar en Justicia' y los galardones recibidos por órganos judiciales del Archipiélago: «Nos complace dar cuenta de la actividad del Gabinete de Prensa, del programa Educar en Justicia y de los premios obtenidos durante 2024 por la Justicia Canaria, que por tercer año consecutivo mereció el reconocimiento del Consejo, en la XI edición de los Premios a la Calidad de la Justicia, en este caso con los galardones concedidos al Juzgado Decano de Arrecife por su iniciativa Programa y guía de atención integral a las personas discapacitadas y también a Tomás Martín como codirector del Encuentro entre profesionales de la judicatura y la medicina».
El presidente del TSJC concluyó su intervención con estas palabras «deseando que el presente trabajo les sea de utilidad para entender un poco mejor las características, el funcionamiento y las necesidades del servicio público de la Administración de Justicia en Canarias».
Es «urgentísimo» mejorar las infraestructuras judiciales de Tenerife
Lorenzo Bragado consideró «urgentísimo» resolver la falta de infraestructuras judiciales en la isla de Tenerife y ha insistido al Gobierno canario en que es preciso el diseño de un plan general para la comunidad autónoma. Reiteró que el problema del déficit de infraestructuras persiste en el tiempo y será un problema mayor a la hora de aplicar la nueva ley orgánica de medidas para la eficiencia del servicio público de la Justicia. El plan general que se reclama debe contar con recursos y atender las necesidades más acuciantes, recalcó.
La nueva Ley de Medidas para la Eficiencia de la Justicia requerirá de remodelación o de nuevas infraestructuras, ha abundado. El partido judicial de La Orotava, con la nueva ley, se refundirá con el del Puerto de la Cruz y será complicado prestar los nuevos servicios comunes, advirtió.
En el caso del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, ha dicho que urge resolver a corto plazo la situación de los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer, ya «altamente deficiente», ya que el próximo mes de octubre amplían su competencia con las de violencia sexual sin reunir las condiciones para hacerlo «con la mínima dignidad».
Por ello, insistió en la que la solución a este problema debe ser «inmediata» y el Gobierno de Canarias debe mantener una reunión con los operadores jurídicos.
En Santa Cruz de Tenerife, además, se debe proceder a la adaptación del edificio Auditorio para aglutinar a los órganos judiciales, salvo los de penal, según ha destacado el presidente del TSJC, que ha remarcado que con la nueva ley habrá más dispersión de sedes, lo que ha considerado «inaceptable e incompatible» con la nueva norma.
En cualquier caso, reiteró que es fundamental acometer la «ansiada» Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, pues «no es de recibo que siga la cocapital de Canarias en esas circunstancias», cuando la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria «es probablemente la mejor de España».
