El Supremo archiva el caso por denuncia falsa a senador canario San Ginés al no ver delito

El Tribunal Supremo ha archivado la investigación que abrió el pasado enero contra el senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés, al no ver acreditados los delitos de denuncia falsa y falso testimonio sobre una presunta contratación irregular en 2009.

Se trata de la causa por la que el senador y también expresidente del Cabildo de Lanzarote acudió al Supremo a declarar este martes ante el magistrado Vicente Magro, que no ha visto en él intención de faltar a la verdad y ha acordado archivar el caso.

Su decisión llega un día después de que el alto tribunal acordase devolver a un juzgado de Arrecife (Lanzarote) la exposición razonada en la que pedía investigar al senador, en su condición de aforado, por otra supuesta contratación irregular, la de un abogado en las empresas públicas Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) y del Consorcio del Agua de Lanzarote.

En esa ocasión, la Sala de lo Penal no vio suficientes indicios para asumir la causa contra él y pidió al juzgado que siguiese investigando.

Ahora, el magistrado Vicente Magro, que se hizo cargo de la investigación por denuncia falsa a San Ginés y le interrogó el martes, ha concluido que no trató de mentir en relación a las presuntas irregularidades en una contratación que tuvo lugar en 2009.

Según explica en su auto, que la causa abierta por esta contratación terminase en archivo no puede suponer de forma automática una exigencia de responsabilidades penales al denunciante.

Los hechos se remontan a 2009, cuando San Ginés ostentaba el cargo de presidente del Cabildo de Lanzarote y del ente público insular Centros de Artes, Cultura y Turismo.

San Ginés denunció ante la Policía supuestas irregularidades en la contratación de determinados servicios cometidas por diversas personas, si bien, según la Fiscalía, que llegó a pedir un año y medio de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena, el ahora senador narró dichas irregularidades «con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma».

Después declaró como testigo y, «previo juramento o promesa de decir verdad», sostiene la Fiscalía, «volvió a manifestar, faltando a la verdad objetiva, las mismas irregularidades en la contratación de servicios imputadas».

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