«El rechazo a la piscifactoría es cultural, pese a que es la industria del futuro»

La versión que ofrece Tahíche Lacomba Sobrino es sencilla: «En abril de 2021, el grupo llegó a un acuerdo con Yaizatun, la empresa lanzaroteña concesionaria de la explotación de las granjas de dorada y lubina en Playa Quemada (Yaiza), concesión a 22 años que le fue dada en 20000», explica.

«Nos subrogamos a los trabajadores y nuestro objetivo era quedarnos, renovar la concesión y asentar nuestro negocio. Pensando que nos podrían renovar los permisos de acuerdo con el nuevo Plan Rector de la Acuicultura de Canarias (Proac), aprobado en julio de 2018, que prevé un millón de metros cuadrados para esta actividad en la isla. Hicimos nuestras inversiones, por unos 4 o 5 millones de euros, pero cuatro meses después de llegar no nos renovaron la concesión, ni si quiera para aumentar el número de alevines, y ante eso, no nos ha quedado más remedio que irnos».

«Teníamos previsto inversiones cercanas a los 10 o 12 millones pues íbamos a trasladarnos a la zona prevista en el Proac y a invertir en instalaciones en tierra».

Preguntado por cuál cree que es el motivo de que no se haya renovado el permiso, señala que es una cuestión «política y de imagen, incluso cultural, donde se tiene arraigada una forma de desarrollo centrada en el turismo y no se entienden otras formas de desarrollo, y eso, pese a que esta actividad de las piscifactorías no contamina más que una explotación ganadera de pollos o de vacas, y la huella de carbono es mucho menor, por eso está demostrado que es el desarrollo del futuro».

Apunta que Canarias recibirá ayudas de Europa de muchos millones para esta industria y recuerda que la UE apuesta claramente por esta actividad, de gran implantación en países tan sensibles con la ecología como Noruega, «donde hay granjas de este tipo y no contaminan los fiordos, al tiempo que apuntala su argumento, con que el rechazo es cultural, de la misma forma que en Galicia o en el Delta del Ebro todo el mundo está orgulloso de este tipo de industrias, como las bateas».

También explica que «es falsa la idea que se ha impuesto de que este tipo de instalaciones contamina» y explica que cada mes se hacen análisis en las aguas de superficie, a media agua y en los fondos, y son auditorias oficiales, y recuerda que los 22 años de actividad, jamás se ha abierto un solo expediente sancionador, siendo controles rigurosos, auditoras externas y del Gobierno.

Considera «una pena» que en otras islas de Canarias la actividad vaya en expansión sin un rechazo como el recibido aquí, y se pregunta por el futuro dentro de la isla para los 50 trabajadores, que tienen profesiones cualificadas, en una isla donde solo hay hoteles, y también los de toda la industria auxiliar de hielo que rondan otros medio centenar de empleos indirectos

Por último explica que se irán con sus inversiones a Alicante y dice que siente cierta lástima porque es un sector que podría darle riqueza a la isla, sin contaminar más que un hotel.