El primer juicio del caso Montecarlo se salda con tres condenados por estafa

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido condenar a los tres acusados de la primera pieza del caso Montecarlo, por estafa al Ayuntamiento de Arrecife, que en el juicio del 2 de julio reconocieron los hechos que se les imputaban, consiguiendo con ello una rebaja sustancial de la petición de pena por parte del Ministerio Fiscal. En la sentencia dada a conocer a las partes, fechada el 23 de julio, se absuelve el abogado municipal, destacándose incluso el proceder protagonizado por el letrado Federico Toledo.

El primer condenado es el antiguo interventor de la capital, Carlos Sáenz, que en la vista, celebrada a la vez en dependencias judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife, se reconoció responsable de los delitos de malversación, blanqueo y cohecho; por lo que deberá hacer frente a una condena de 3 años, 3 meses y 8 días de cárcel. Además, este responsable parcial de la articulación de la una trama destinada a cobrar de las arcas locales por servicios no prestados deberá abonar una multa de 150.000 euros, además de asumir la cantidad de 310.544,92 euros en concepto de responsabilidad subsidiaria frente al Ayuntamiento, se contempla en la sentencia resumida en 30 folios.

El segundo condenado es José Vicente Montesinos, empresario que fue también parte básica del entramado destinado a estafar al Consistorio. En el juicio de comienzos de mes, resumido en una sola jornada, se reconoció responsable de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, así como de un delito de cohecho. Su pena, 3 años, 4 meses y 24 días de cárcel y multa de 150.000 euros; así como el pago de las cantidades de 621.089,94 euros en concepto de responsabilidad ante el Ayuntamiento, sumando la parte personal a las ligadas con las empresas Gestecal, Progestril y Recingest, creadas para justificar el entramado.

El tercer condenado es Javier Betancort, antiguo concejal y empresario, que en la vista se declaró responsable de prevaricación y malversación, en menor grado para la Audiencia que los anteriores. La condena de cárcel en este caso se deja en año y medio, sin necesidad de multa, si bien sí que se contempla el pago de responsabilidad a las arcas capitalinas, se concreta en la sentencia, con la suma económica concreta de 287.175 euros.

En cuanto al cuarto encausado, que durante toda la instrucción se dijo inocente, circunstancia que mantuvo en la vista, la sentencia descarta que Federico Toledo cometiera deslealtad profesional y malversación, desmontándose la pretensión de condena de Fiscalía y acusación particular. Se exponía este letrado a 4 años y 10 meses de cárcel. Dice el fallo que «no apreciamos un comportamiento deliberado de perjudicar los intereses del Ayuntamiento, no siendo la actuación del ahora acusado como abogado en el mencionado procedimiento, causante de un perjuicio manifiesto al Ayuntamiento».