Jable, colofón del caso Unión, ejemplo de cómo se saqueó el dinero público

El origen del caso Unión parte de un intento de soborno al socialista Carlos Espino, quien desde el minuto uno reclamó el auxilio judicial. Hace algo más de tres lustros atrás, a comienzos de junio de 2008, los empresarios Luis Lleó y Fernando Becerra intentaron comprar al entonces consejero cabildicio. Pretendían obtener la licencia para una enorme promoción inmobiliaria en Playa Blanca. Hubo que esperar a 2019 para que reconocieran el crimen. Evitaron la cárcel, a cambio de multas rotundas (150.000 euros Lleó, 100.000 euros Becerra). La licencia, por cierto, previamente se había tramitado de manera ilegal por el Ayuntamiento de Yaiza, siendo esta acción la base del caso Costa Roja, con condenas judiciales recientes, con José Francisco Reyes, exalcalde, como el principal señalado.

Con implicación de la UCO de la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife, con el magistrado César Romero Pamparacuatro, se inició una investigación que fue hallando indicios delictivos contundentes. Tanto, que el 25 de mayo de 2009 y días posteriores hubo que intervenir los consistorios de Arrecife y Yaiza. Fueron arrestados cargos públicos, funcionarios y empresarios, en el marco de una instrucción que llevaba meses en activo y que tuvo otro gran punto álgido el 19 de abril de 2010, con nuevas detenciones significativas, base de la pieza Jable.

Varios nombres propios saltaron a la luz, como se plasmara en los relatos del Ministerio Fiscal, con Javier Ródenas e Ignacio Stampa al frente. Crucial, Dimas Martín, fundador del PIL. Estar inhabilitado para ejercer de cargo público no fue óbice para en los primeros años del milenio ser el líder de un clan orientado a obtener beneficios usando al Ayuntamiento de Arrecife como baza. Ajustes a la carta en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sirvieron de enganche para reclamar varios cobros personales.

José Miguel Rodríguez, fallecido, fue uno de los principales referentes, principalmente como edil de Hacienda. Presente en varias piezas de Unión, colaboró con Fiscalia a cambio de penas laxas. Antonio Machín y Ubaldo Becerra, condenados a cárcel, también fueron parte de la trama siendo concejales insularistas. Y hubo quien hizo trayectoria criminal por libre, caso de María Isabel Déniz, alcaldesa desde septiembre de 2000 aún en el PIL y que luego llegó a CC, como se relata en la sentencia de Jable, con abudantes cobros y prebendas a cambio de desvirtuar los trámites para adjudicar el servicio de recogida de residuos y la construcción del desastroso pabellón cubierto de Argana.

Imprescindible fue la colaboración de varios funcionarios de alto rango. En varias piezas, con con obligación de entrar en la cárcel, el jefe que fuera de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha. También ha formado parte de Unión el antiguo interventor capitalino, Carlos Sáenz, núcleo central a su vez de varias ramas del caso Montecarlo, casi paralelo a Unión, con cobros múltiples por servicios que el Consistorio no recibió. Y hay un tercer nombre propio crucial, Felipe Fernández Camero, exsecretario, condenado en Jable a más de una decena de años de cárcel, si bien a expensas de si prospera el recurso posible.

También han sido condenados diversos representantes empresariales, por haber hecho abonos y regalos a cambio de favores. En la relación hay representantes de Urbaser (Tecmed) y FCC, así como inversores de diferentes firmas locales. Fueron condenados en su mayoría por los delitos de cohecho, malversación y falsedad mercantil, entre otros.

El caso Proselan, donde se dieron varias condenas de cárcel por el pago de facturas por servicios no prestados al Ayuntamiento de Arrecife, se anexó a Unión por el tiempo en que se articuló la investigación. El origen fue distinto al resto de las piezas.

En tiempos de Enrique Pérez Parrilla como alcalde, ediles socialistas, caso de Víctor Sanginés, Alberto Morales y José Montelongo (ahora en CC), entre otros; y algunos funcionarios, como José Nieves, se toparon con las facturas falsas. Acudieron con ellas a Fiscalía y dieron pie al inicio de la investigación judicial oportuna.

Principalmente quedaron señalados el interventor de los primeros años del milenio, Carlos Sáenz; el jefe que fue de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha; y el empresario José Daniel Hernández. Todos resultaron condenados a penas notables de cárcel; siendo menor la condena para el malogrado José Miguel Rodríguez, antiguo titular de Hacienda que reconociera los hechos en la vista seguida por la Audiencia Provincial de Las Palmas y colaborador de Fiscalía. Quedó patente en el juicio que se desfalcaron cientos de miles de euros, a través de eventos festivos inventados.

Fruto de la sentencia, firme en 2017 tras el pronunciamiento del Supremo, el Consistorio emprendió acciones para recuperar lo desfalcado; como se ha hecho con otras piezas de Unión. Presumiblemente se hará lo propio si se mantiene el sentido de la sentencia de Jable cuando sea definitiva.

Curiosamente, varios denunciantes fueron acusados en piezas de Montecarlo, donde el exinterventor ha reconocido delitos en Arrecife y San Bartolomé. En Inelcon resultaron absueltos, en un fallo donde se ensalza su labor en Proselan. Resta enjuiciar, desde el 22 de enero, la pieza de Tunera.