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JOSÉ R. SÁNCHEZ
Arrecife
Jueves, 23 de junio 2022, 13:06
El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, ha decidido esta semana levantar el secreto sumarial que afectaba al caso que supuso la entrada de agentes de la Guardia Civil en el inmueble donde vivía en marzo pasado Pedro San Ginés, según manifestó el expresidente insular en rueda de prensa.
Valoró el jefe de filas de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo la circunstancia, precisando que no existe conexión alguna entre la adquisición de la casa donde se hizo el registro y los contratos que en su día se rubricaron con el letrado Ignacio Calatayud para representar a Inalsa.
«Hoy estoy si cabe más tranquilo que ayer, porque ni yo he visto, ni su señoría encontrará el menor vínculo entre el dinero cobrado por el letrado y los pagos realizados por la compra de mi vivienda, todos legítimos, por la sencilla razón de que no existen», sentenció San Ginés.
Y en alusión al magistrado que instruye la investigación, indicó que «estoy plenamente convencido de que también está entendiendo mal quién ha pagado y cómo la vivienda en la que vivía», tras antes haber afirmado que el mismo juez fue el que «entendió mal mi actuación en Montaña Roja», en alusión al caso de reciente sentencia, del Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, que da por buena la intervención en 2014 de la planta desaladora de Club Lanzarote.
A pregunta de CANARIAS7 sobre si aún pesa el embargo de cuentas y bienes dictaminado por el magistrado Alonso, el expresidente cabildicio se limitó a decir que «todo sigue igual».
San Ginés convocó a los medios para dar su parecer sobre la sentencia de Montaña Roja, que ha recibido con «lógica satisfacción». Acusó al Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) de haber sido el principal inductor de la denuncia, centrándose en la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo; y en su jefe de gabinete, Carlos Espino; dando a entender que dieron respaldo a los consejeros de Podemos que plantearon la acusación popular, una vez que Fiscalía decidió no acusar.
Y añadió sobre el fallo que «lo que verdaderamente importa y afecta a la ciudadanía son las dos consecuencias básicas de aquella acción», sobre la toma de la planta; «primera, agua más barata suministrada legalmente a 6.000 vecinos, y, segunda, el pago de un nuevo canon al Consorcio del Agua, que sufraga la subvención del agua al sector primario».
Por otro lado, San Ginés se pronunció con respecto al sobreseimiento de la denuncia presentada en 2017, por la extinta Alternativa Ciudadana 25 de Mayo y Benjamín Perdomo, entonces consejero de Ciudadanos; sobre contratos firmados por el Consejo Insular de Aguas e Inalsa, para ejecutar obras urgentes.
También aquí vinculó a Corujo y Espino. Y dijo que «cinco años después, cumplido el objetivo político electoral de afirmar que estaba imputado en un caso más, ni unos ni otros han formulado siquiera acusación, ante la falta de sustancia en su denuncia».
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