San Ginés, citado a declarar este martes por los pagos a Calatayud

Tanto San Ginés como Calatayud declararán en calidad de investigados en el seno de la macrocausa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, en la que se investigan los pagos millonarios a Calatayud durante la tramitación del procedimiento concursal en el que se vio inmersa la empresa pública de aguas Inalsa.

Según los datos dados a conocer por el Consorcio del Agua de Lanzarote, Calatayud se embolsó más de un millón de euros a lo largo del procedimiento, ya que al importe abonado por Inalsa ha de añadirse el total de las costas judiciales que recibió, sin autorización alguna de los órganos de administración de la empresa pública y del propio Consorcio del Agua, una conducta respaldada públicamente por San Ginés tras conocerse la misma.

Ahora, con esta citación, Pedro San Ginés tendrá la oportunidad de justificar ante el instructor las acciones denunciadas tanto por el Consorcio del Agua como por Inalsa. Tras el registro practicado en su vivienda, San Ginés ha manifestado en varias ocasiones su deseo de explicar ante el juez la legalidad de los cobros de Calatayud, cuya corrección ha sostenido de manera repetida.

La defensa que ha realizado en varias ocasiones San Ginés con respecto a dichos pagos contrasta con el hecho de que no se habría dado cuenta de los mismos a los órganos de gobierno del Consorcio del Agua e Inalsa. Es más, el expresidente habría ocultado su existencia hasta el punto de llegar a emitir certificaciones falsas en las que solo constaba una mínima parte de los pagos efectivamente realizados.

En el marco de es investigación, a finales de abril el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó, de manera totalmente extraordinaria, conceder protección policial al juez instructor, al tiempo que asignaba a la investigación un equipo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

En esa misma resolución, el CGPJ ordenaba a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que pusiera a disposición del juez instructor el adecuado refuerzo de funcionarios y un sistema de gestión procesal específico para esa causa.

Con esta última disposición, proporcionar un sistema de gestión procesal específico, el CGPJ pretende blindar el acceso al expediente de la instrucción, toda vez que solo podrían acceder al mismo las personas autorizadas por el juez de instrucción.