La empresa de las piscifactorías de Playa Quemada cierra y despide a 50 empleados

El anuncio supone el desmantelamiento definitivo de este subsector de la pesca en la isla -tras 22 años de actividad- que genera empleo estable y de calidad y que se nutre de profesionales cualificados y formados en Canarias, en instituciones tan importantes como la Escuela de Pesca de Arrecife, que es un referente en España y en el extranjero, al impartir ciclos formativos para estudiantes, que pocas ciudades del país pueden ofrecer.

El anuncio ha sentado como un auténtico mazazo para el cerca de medio centenar de operarios, algunos de los cuales llevan cerca de veinte años en esta actividad, entre los que hay buzos, patrones, técnicos en cultivos marinos, expertos profesionales de las ciencias del mar, administrativos, procesadoras de pescado, empaquetadoras, todos ellos con una cualificación contrastada y que contaban con un empleo estable y de calidad, que no todos los sectores son capaces de ofrecer a las familias originarias de la isla, así como a numerosos migrantes asentados en Lanzarote gracias a esta actividad.

Así lo explica José María Torres, quien denuncia el «abandono por parte de la clase política de la isla y de Canarias», a la que en parte considera responsable de dejar morir el sector, solo en Lanzarote -ya que en otras islas prospera de forma boyante-, por desconocimiento y por la mala imagen que se ha ido gestando, al extenderse sin base argumental sólida que este tipo de actividad contamina los fondos marinos». Torres explica que cada año se hacen tres auditorías que demuestran que no hay contaminación.

La empresa Dimagaza, del grupo Avramar, número uno del mercado mundial, se subrogó a los empleados hace dos años, a la espera de poder renovar las concesiones, concedidas a Yaizatun en 2000, y ante el silencio de las administraciones a esta renovación, ahora echa el cierre.

El cierre de esta actividad se veía venir hace varios años, después de que en 2018, se aprobara el Plan Rector de la Acuicultura de Canarias (Proac), que fijaba un millón de metros cuadrados y tres emplazamientos en la isla. La empresa concesionaria presentó su proyecto sin respuesta de la administración. Mientras, se fue gestando una corriente de opinión contraria, al asegurarse desde Ong ecologistas que la actividad contamina, algo que el propio José María Torres rechaza, al señalar que cada año se analizan los fondos por parte de la administración con controles rigurosos. Torres además denuncia al abandono de la clase política, con la que los trabajadores se han tratado de poner en contacto para recabar apoyos sin respuesta alguna. En algunos casos se les han enviado hasta seis correos, sin respuesta por parte del Cabildo y Gobierno regional.