El TSJC verá el día 8 si salva la grabación que abrió el Unión

La Sala de lo Penal ha fijado la vista para resolver si ratifica o revoca la nulidad de la grabación del exconsejero del PSOE, Carlos Espino, al empresario, Fernando Becerra, en junio de 2008, que originó esta causa judicial

CARLOS SIXTO DE INZA SERRANO | ARRECIFE

La vista tendrá lugar el próximo viernes día 8, desde las 9 de la mañana, en Las Palmas de Gran Canaria a cargo de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que conforman el presidente del alto tribunal, Antonio Doreste, y las magistradas Carla Bellini y Margarita Varona.

La vista se ha retrasado ante las recusaciones formuladas por la defensa de uno de los investigados en esta causa, el empresario Luis Lleó, que recusó a las dos magistradas, alegando que podían estar contaminadas al haber entendido en otras causas vinculadas a este procedimiento, recusaciones que han sido rechazadas y cuya resolución se conoció hace apenas un mes.

La decisión que habrá de tomar esta sala es si mantiene la decisión del magistrado presidente del Tribunal del Jurado que encargado hasta antes de ser suspendido de sus funciones por el CGPJ, de enjuiciar la denuncia del exconsejero del PSOE en el Cabildo, Carlos Espino, contra el empresario Luis Lleó y Fernando Becerra, por un supuesto intento de soborno.

El magistrado acordó anular la grabación hecha el 5 de junio de 2008 por Carlos Espino, del encuentro que tuvo con el empresario Fernando Becerra, en su despacho de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, dependientes del Cabildo de Lanzarote, por entender que se vulneró el derecho a la intimidad del señalado Becerra y por haber sido preparada de forma «subrepticia» entre el propio Espino y la Guardia Civil, sin acudir al juez previamente para pedir una orden judicial, con el añadido de que esa preparación se hizo un mes antes, y con tiempo para haber pedido autorización al juez.

Según el auto de Salvador Alba, «no se debe confundir una investigación, en la que un juez, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, decide vulnerar el derecho a la intimidad de Fernando Becerra, y quebrar lo que se llama el poder de exclusión y la expectativa razonable de privacidad, en aras a la investigación y descubrimiento de hechos supuestamente delictivos, con una grabación de un privado, auspiciado por las Fuerzas de Seguridad, y siendo un evidente intermediario de las mismas, utilizando un medio aportado por las fuerzas de seguridad para realizar una grabación subrepticia que en absoluto estaría autorizado por nuestra Carta Magna».