Momento de la vista celebrada en julio pasado. / CARRASCO

Los condenados de Montecarlo en julio deben entrar en prisión

Hay tres condenados en la primera pieza relacionada con Arrecife, dos empresarios y el antiguo interventor

CANARIAS7 Arrecife

Los tres condenados de la pieza del caso Montecarlo juzgada en julio, por estafar al Ayuntamiento de Arrecife, deberán entrar en prisión, al rechazar el órgano implicado las peticiones para suspender el ingreso, según se da a conocer este jueves por varios medios locales. Constan tres afectados.

De este modo, deberán ingresar en dependencias penintenciarias el empresario José Vicente Montesinos, atendiendo a lo decidido esta misma semana por la Audiencia Provincial; y el también empresario Javier Betancort.

Desde hace tiempo tiene presencia en la cárcel de Tahíche el primero de los condenados, el antiguo interventor de la capital, Carlos Sáenz, quien en la vista celebrada entre Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria se reconoció responsable de los delitos de malversación, blanqueo y cohecho. Deberá hacer frente a 3 años, 3 meses y 8 días de cárcel. Este responsable parcial de la articulación de la una trama destinada a cobrar de las arcas locales por servicios no prestados, atendiendo a la sentencia, tiene varias condenas en su contra, todas por delitos similares.

En el caso de José Vicente Montesinos, en la vista seguida por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial se reconoció responsable de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, así como de un delito de cohecho. Deberá cumplir por ello una pena de 3 años, 4 meses y 24 días de cárcel, entre otros conceptos.

En cuanto a Javier Betancort, antiguo concejal en San Bartolomé y empresario, que en la vista se declaró responsable de prevaricación y malversación, en menor grado para la Audiencia que los anteriores. La condena de cárcel en este caso se dejó en año y medio, sin necesidad de multa, si bien sí que se contempla el pago de responsabilidad a las arcas del Ayuntamiento.

El pronunciamiento adoptado tiene en cuenta el parecer del Ministerio Fiscal, contrario a la suspensión de las condenas impuestas y ya firmes, por no haberse hecho frente por los implicados a la responsabilidad civil.

En el caso del antiguo interventor, en la condena se marca abonar una multa de 150.000 euros, además de asumir la cantidad de 310.544,92 euros en concepto de responsabilidad subsidiaria. En lo que a Montensinos se refiere, debe asumir una multa de 150.000 euros; así como el pago de las cantidades de 621.089,94 euros en concepto de responsabilidad ante el Ayuntamiento, sumando la parte personal a las ligadas con las empresas Gestecal, Progestril y Recingest, creadas para justificar el entramado. Y en cuanto al tercer implicado, se contempla el pago de responsabilidad a las arcas capitalinas, según dice la sentencia, con la suma económica concreta de 287.175 euros.