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El magistrado Jerónimo Alonso, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, lleva semanas apartado de la investigación bajo secreto que supuso a finales de marzo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hiciera registros en varios inmuebles, incluida la casa de Pedro San Ginés, expresidente insular.
Obedece a que se está a expensas de ver cómo se resuelve la recusación contra el juez hecha por la representación legal del letrado Ignacio Calatayud, en su día actor principal en la resolución de la concursal de la empresa pública de aguas (Inalsa).
Esta recusación se dio por oficial a comienzos de abril. Para mantener la instrucción activa, mientras se toma una decisión sobre ella, al menos a nivel teórico, el caso ha pasado al Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife, con Ricardo Fiestras en calidad de juez titular. Además, consta que se ha dado traslado a varias partes afectadas, para que eleven los informes oportunos, según se ha podido conocer por CANARIAS7.
En estos días se está a la espera de ver qué decisión se adopta por el Ministerio Fiscal. Y será cuando se dé por completada esta actuación cuando deberá pronunciarse la Audiencia Provincial de Las Palmas, atendiendo a explicaciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). A priori, se hará por reparto.
Cabe recodar que la investigación del magistrado Jerónimo Alonso guarda relación con gestiones supuestamente irregulares del Consejo Insular de Aguas y con la concursal de Inalsa, a mediados de la pasada década, según reconoció Pedro San Ginés en rueda de prensa en el Cabildo al día siguiente de haber sido registrada su casa de Arrecife y de haber sido intervenidas sus cuentas. También consta que hubo registros de diversos bienes de Ignacio Calatayud, entre otros.
Expresidente y abogado ya fueron en su día investigados por el magistrado Jerónimo Alonso por la incautación de la desaladora de Janubio en 2014. Este caso se juzgará a partir del martes, con Pedro San Ginés como principal encausado, por el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife.
Se toma de base una denuncia de exconsejeros cabildicios de Podemos, todos ahora al margen de la vida pública. El jefe de filas de Coalición Canaria (CC) en la primera Corporación, a pesar de que no hay acusación del Ministerio Fiscal, se expone a pena de varios años de inhabilitación política.
Mientras se decide sobre la recusación, sigue en pie el acuerdo de finales de abril de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aprobó tomar medidas para facilitar la labor y la seguridad personal del juez Jerónimo Alonso.
Del acuerdo se dio traslado a Guardia Civil, Policía Nacional y Gobierno de Canarias, para reforzar los medios humanos de cara a profundizar en la investigación y para procurar escolta al magistrado. Se debe investigar si se han dado presiones y amenazas.
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