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José R. Sánchez López
Arrecife
Lunes, 25 de noviembre 2024, 17:34
El proceder seguido por Pedro San Ginés, en su época como presidente del Cabildo, para contratar al letrado Ignacio Calatayud para defender intereses de Inalsa fue ajustado a la norma; según se desprende del auto de 15 de noviembre del magistrado Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife; donde se considera el archivo de la causa por denuncia de Inalsa siendo María Dolores Corujo presidenta.
La decisión, resumida en cinco folios y resuelta tras haber sido devuelto el caso en abril por el Tribunal Supremo (TS), al que se había enviado por ser San Ginés senador; además considera que cabe librar de cualquier indicio criminal a todos los demás implicados en la causa. Junto con San Ginés y Calatayud, en el auto de archivo se recogen los nombres de Juana Fernández de las Heras, Pedro Martín, Matías Hernández, Pablo de la Vega y Juan Luis Ceballos. También aparece la mercantil Adelfas 24, de la que es titular Felipe Fernández Camero, exsecretario de Arrecife.
Para todos los encausados, como consecuencia de darse curso al sobreseimiento de la causa, «se autoriza la devolución de todos los dispositivos incautados a sus legítimos titulares». Además, «se acuerda el alzamiento del embargo preventivo y del bloqueo de los saldos de los productos bancarios titulados o participados a los investigados y finalmente se dejan sin efecto cualquier otras medidas cautelares que hayan sido acordadas», figura en el documento que se ha comunicado a las partes implicadas.
Se basa la resolución del magistrado Fiestras en «la inexistencia de indicios suficientes de responsabilidad criminal frente a los investigados». Y en particular se tiene en consideración que «el presupuesto de honorarios para la fase común del concurso (de Inalsa) fue supervisado y aceptado por la administración concursal», dándose por bueno un abono de 86.000 euros.
Al margen, se consideran válidos otros pagos, que no aparecen cuantificados en el auto, hechos «directamente por las entidades que perdieron el pleito». Se hace mención al respecto a que las cantidades «fueron pactadas transaccionalmente con las entidades particulares que perdieron el pleito con condena en costas». No fueron abonadas las sumas por Inalsa, ni por el Consorcio Insular del Agua, se puntualiza.
En la investigación se han valorado los presuntos delitos de fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y deslealtad profesional. Se dieron registros domiciliarios de enjundia, así como embargos, junto a otras medidas. La causa se envió en enero al TS, que la devolvió.
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