Caso Koldo: Canarias no supo (o no quiso) decir no

En aquel 2020, el PSOE tenía mucho más poder autonómico que ahora. En Canarias los socialistas, con Ángel Víctor Torres al frente, gobernaban con el apoyo de Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera.

El PSOE mandaba también en el Consejo de Ministros y lo mismo en Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares... Pero no todos actuaron igual cuando les llegó la propuesta o la sugerencia de que contratasen con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, entonces asesor del que era ministro José Luis Ábalos.

El Gobierno de Torres dijo sí a las primeras de cambio y la citada empresa se embolsó 12,3 millones en varios contratos que ahora están bajo la lupa judicial.

Frente a esa respuesta afirmativa por la vía rápida que derivó en contratos del Servicio Canario de Salud, otras autonomías se lo pensaron mejor y ahora se evitan el sofoco de verse señaladas en la investigación que dirige la Audiencia Nacional. Fueron los casos de Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha, regidas en aquel 2020 también por el PSOE.

En Aragón, la socialista Mayte Pérez, entonces consejera de Presidencia, fue quien recibió la llamada de Koldo García y la derivó a Ricardo Mur, presidente de la patronal aragonesa. ¿Por qué a él? Desde el primer momento de la pandemia, el Ejecutivo de Aragón decidió coordinarse con el empresariado local a la hora de filtrar las ofertas: el criterio era quedarse con las propuestas que llegasen preferentemente de empresas conocidas, con experiencia sanitaria y con garantía en el procedimiento de que el dinero no se entregaba alegremente al primero que llegaba. Tanto para garantizar que la mercancía estaba en tiempo y forma como para evitar sobreprecios escandalosos.

En Asturias, la respuesta también fue negativa. La empresa del caso Koldo lo intentó pero no logró contrato alguno, según confirmó esta semana la consejera de Salud, Concepción Saavedra. «Me consta que sí, que se pusieron en contacto y que nosotros no hicimos ninguna compra», señaló esta semana a preguntas de los periodistas asturianos.

Saavedra explicó que en la pandemia se decidió seguir «lo máximo posible los trámites habituales» y se intentó «trabajar con empresas conocidas y que eran cercanas». Había, agregó, un «aluvión de intermediarios» y la orden era trabajar con empresas «confiables dedicadas a este sector» y con las que había experiencias previas.

¿Qué sucedió en Castilla-La Mancha? También lo intentó la empresa vinculada al exasesor de Ábalos pero también se fue de vacío. El Servicio de Salud castellanoleonés intercambió varios correos con un representante de la compañía y rechazó la oferta después de que sus servicios internos alertasen de que las mascarilla ofrecidas no se ajustaban a los estándares de calidad.

Canarias y Baleares transaron con Soluciones de Gestión y ambas se han visto inmersas en la investigación que dirige la Audiencia Nacional. Además de compartir el sí, ambas también tuvieron un mismo problema: parte del material sanitario no se ajustaba a lo pactado. Se pagaron mascarillas FPP2 y parte del pedido eran de menor calidad, esto es, mascarillas de uso quirúrgico pero con menor nivel de protección para el usuario.

Baleares las guardó en un almacén, no inició una reclamación y endosó el pago a fondos comunitarios. Solo pretendió activar la reclamación cuando los socialistas perdieron el poder en las elecciones de mayo de 2023 y Francina Armengol se encaminaba al Congreso, que hoy preside. Para entonces, el posible expediente de reclamación había caducado.

¿Qué hizo Canarias? El Servicio Canario de Salud, al ver que parte de las mascarillas entregadas no eran FPP2, renegoció con la empresa. Podía haber alegado un incumplimiento del contrato, como sí hizo con otras empresas suministradoras. En lugar de eso, atendió la oferta de Soluciones de Gestión: una segunda entrega de mascarillas FPP2 y no perder un solo céntimo, pese a que el tiempo transcurrido entre el contrato inicial y la entrega final había rebajado sensiblemente el coste unitario de los tapabocas.

Esa 'indulgencia' del Servicio Canario de Salud se repitió en el llamado caso Mascarillas: el de RR7, que recibió cuatro millones de euros en dos pagos adelantados a cambio de un millón de tapabocas. Pese a un primer incumplimiento, hubo segunda oportunidad y el Gobierno canario todavía está tratando de recuperar lo que pagó. Con los intereses, el agujero supera a día de hoy los cinco millones de euros.

Los expedientes de Soluciones de Gestión pasaron por la menos tres directores del Servicio Canario de Salud: Antonio Olivera, hoy jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres; Alberto Pazos, que aguantó en el cargo solo entre junio y septiembre de 2020, y Conrado Domínguez, que llegó al puesto en septiembre de aquel año y que lo dejó en noviembre de 2022 cuando, a la luz del escándalo de RR7 y de la querella de Anticorrupción que lo mantiene como investigado.