

Secciones
Servicios
Destacamos
Canarias7
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 16 de marzo 2022, 10:53
El presidente de Unidos por Gran Canaria de Ingenio, Juan José Gil ha manifestado su discrepancia con la injustificada subida del precio del agua motivado en la propuesta que, al parecer, se sustenta en un acuerdo de transacción extrajudicial aprobado por el Pleno de la Corporación en fecha 25 de mayo de 2020, por el que se aprobó, de mutuo acuerdo, con la empresa concesionaria, la forma de pago del déficit económico del servicio correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, así como establecer, de modo consensuado, la metodología de modificación de tarifas y cuantificación del déficit anual y futuro del servicio.
Añade que la medida vulnera los pliegos rectores de la licitación, y acusa al gobierno municipal de actuar en connivencia con el concesionario, perjudicando no solo a los contribuyentes, sino también a las empresas que, sabiendo que el riesgo era casi inexistente, porque el Ayuntamiento, ante una situación deficitaria, acudiría a este tipo de rescate, se hubieran presentado a la licitación, y las que se presentaron hubieran planteado una oferta muy distinta a aquella con la que concurrieron.
Esta modificación, a través del marco de un acuerdo de terminación convencional de un procedimiento judicial donde se dilucidaba la restitución del equilibrio económico del contrato, será puesta en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de los servicios jurídicos de la Comisión Europea por infracción de las Directivas de contratación pública y concesiones y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Juan José Gil ha manifestado que «causa estupor que se acuda a un mecanismo de revisión extraordinaria de las tarifas mediante la introducción de un sistema de revisión de precios que no encuentra ni regulación ni acomodo en el pliego rector de la concesión, y, lo que es más sangrante a nuestro juicio, no se alude, para nada, a los objetivos del servicio, que no son otros que los ofertados, es decir, una eficiencia hídrica del 80%, actuando como si este objetivo no fuese vinculante».
Cosa diferente, afirma el presidente local de Unidos por Gran Canaria, sería que las pérdidas de la empresa concesionaria fueran consecuencia de modificaciones planteadas por el Ayuntamiento por cuestiones sobrevenidas e imprevisibles, en cuyo caso habría que actuar para no agraviar a la empresa concesionaria, pero, en este caso, se ha desvirtuado el fin de la gestión indirecta, que no es otro que el de restar riesgos a la Administración Pública, y que recaigan en el concesionario, quien, motu proprio, asume las condiciones del servicio, presumiéndosele conocimiento del riesgo y garantías de gestión, y que, en este caso, estarían ligadas a la consecución de un rendimiento del 80%.
Continua Juan José Gil exclamando que «sorprende que la Administración no solo no haya acreditado la concurrencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles como motivadoras de la activación del mecanismo de la revisión extraordinaria de las tarifas, sino que ni siquiera determina las causas que impiden al concesionario alcanzar el rendimiento del 80% ofertado, no arrojando datos reales de esta eficiencia, sino amparándose en datos teóricos del acuerdo de terminación convencional».
Incide también en que, «si ya es inaceptable que los ciudadanos paguen, por sistema, la incompetencia de algunos políticos, peor es que tengan que sufrir la mala gestión de empresas concesionarias, porque, a pesar de esta ineficiencia en la gestión, la Administración premia al concesionario y castiga a los ciudadanos, otorgando un seguro a pérdidas al operador concesional sin causa legal que lo justifique y ampare, no como revisión ordinaria prevista en el pliego, sino como revisión extraordinaria al amparo del artículo 127.2.2º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, haciendo un mal uso de esta habilitación legal, porque la revisión extraordinaria, a diferencia de la ordinaria, tiene como finalidad el mantenimiento de la ecuación económica del contrato cuando se altera por causas ajenas a la voluntad del contratista, que la alteración sea real y efectiva, y que la misma no sea debida a la negligencia o impericia del concesionario del servicio».
Finalmente, Juan José Gil informa de que, en escrito presentado en el Ayuntamiento de Ingenio, ha solicitado dejar sin efecto la subida de precio del agua y que se proceda a exigir de inmediato al concesionario la consecución del objetivo de rendimiento ofertado, y que, en caso de no hacerlo, proceda a obligarle coactivamente a ello o, en su caso, incoar incidente contractual para proceder a la resolución del contrato por incumplimiento del contratista de sus obligaciones contractuales esenciales, mediando, además, la concurrencia de culpa o negligencia.
El líder de la formación grancanaria en ingenio ha aprovechado para proponer también la exoneración del pago del impuesto de circulación a los taxistas y resto de profesionales del transporte del municipio, como hiciera ayer su compañero de Las Palmas de Gran Canaria, Enrique Hernández Bento, ante el encarecimiento de la actividad a causa de la guerra iniciada por Putin contra Ucrania, que ha derivado en un incremento del precio del combustible que hace insostenible trabajar en el sector.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.