Lorenzo Pérez, con sombrero, en plena faena en su trabajo de producción con la cochinilla. / C7

El único productor de cochinilla critica el «trato discriminatorio» del Gobierno

Lorenzo Pérez se queja porque se ve solo y sin ayudas para rescatar un sector que fue clave en Canarias y que tiene un enorme potencial

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO Ingenio

Un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias en diciembre pasado le volvió a abrir los ojos. El Gobierno canario daba una subvención a otro sector agrícola para, entre otras cosas, ayudarle a tramitar la obtención de la indicación geográfica protegida (IGP) para su cultivo. A Lorenzo Pérez le supo a inocentada, no porque le parezca mal la ayuda, antes al contrario. Las defiende para ese sector y para todos. Su enfado vino porque a él no solo no le costearon la tramitación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la que goza la cochinilla canaria, sino que la tuvo que tramitar en solitario y hasta le aportó al Gobierno de Canarias, de su propia cosecha, el Estudio Justificativo que sirvió a la UE para que en febrero de 2016 le concediera a este producto su más prestigioso sello de calidad.

Esta es, apunta, una de tantas que justifican el «trato discriminatorio» del que dice ser víctima y que ha sufrido en el largo camino que ha emprendido para rescatar un cultivo que hace 10 años estaba casi en extinción en Gran Canaria y que hoy, además de contar con ese reconocimiento, que solo se otorga a productos excelentes y que puedan demostrar una vinculación histórica con el territorio, exporta sus 500 kilos de producción anual a América, Europa y Asia y recibe reconocimientos en España y en Europa.

Sin respuesta al sello ecológico

Pérez, fundador de Canaturex y único agricultor profesional en activo de cochinilla en el archipiélago, se queja también de que tuvo que encargarse de redactar «de forma altruista» la norma técnica para usar el logotipo RUP para este producto y de que, es más, hace siete meses entregó al Gobierno el proyecto de orden de otra norma técnica, la que le permitiría obtener el sello ecológico para el insecto (pues sus clientes europeos lo demandan), y ni siquiera ha recibido una llamada o una respuesta de la Consejería de Agricultura.

«Me siento discriminado y engañado». Se ve solo para rescatar un cultivo tan histórico, clave en Canarias en el siglo XIX. Afirma que se encarga, como puede, de costear la promoción de su propio bolsillo, además del 100% de los gastos del transporte en las exportaciones.

En todo caso, sí quiere hacer una mención a «la empatía y profesionalidad» del actual viceconsejero de Sector Primario, que al permitir que lo escucharan los técnicos encargados de tramitar las modificaciones al Posei de 2021, se ha conseguido que la UE diese su visto bueno a una compensación del 30% del coste de producción en base a la misma partida aprobada en el Posei del 2020. La lástima, apunta, es que «se han perdido 3 años, ya que si la hubieran enviado así desde 2017, la UE la habría aprobado».

El último golpe que le asestaron, según informa, tuvo lugar durante 2020. Logró que reservaran una ayuda para el sector de 10.000 euros en los presupuestos regionales, pero pese a que la solicitó de forma reiterada, nunca se la entregaron.

Reclama tres años de ayudas perdidas del Posei

Entre las posibilidades que se le abrieron al sector con la concesión de la DOP estuvo la opción de negociar con el Gobierno de Canarias acogerse a las ayudas del Posei para paliar los costes de producción. Se queja Pérez de que estuvo solicitándolo desde 2016 y de que cuando lo logró, en 2019, lo que concedió la UE, por un error en la petición formulada, fueron apenas 500 euros por hectárea. Cuando le escucharon y reformularon la solicitud de cara a 2021, la UE autorizó una ayuda digna. Por eso reclama ahora al Gobierno que negocie la posibilidad de que le abonen todas esas compensaciones que perdió.