Fachada de la Casa Palacio del Cabildo, la sede institucional oficial de la corporación insular. / ARCADIO SUÁREZ

El Cabildo rescata la memoria de 67 empleados señalados por el franquismo

El Archivo General localiza 56 casos de hombres y 10 de mujeres víctimas de la depuración política tras el golpe militar. Hay un correo para consultas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria

La Comisión encargada de restaurar la memoria del personal del Cabildo que fue víctima de la represión tras la sublevación militar de 1936 y posterior dictadura ha elaborado un primer documento de trabajo que recoge 67 expedientes de trabajadores y trabajadoras que fueron investigados por motivos políticos, con casos sobreseídos, pero también sancionados, depurados e incluso asesinados.

Las consejeras Sara Ramírez (Podemos), Inés Miranda (NC) y Olaia Morán (PSOE) conforman la Comisión y el trabajo ha sido facilitado por el personal del Archivo General del Cabildo, que ha recabado la información personal de cada una de las personas víctimas del proceso de depuración franquista en un trabajo elogiado por las componentes de la Comisión por su detalle y minuciosidad, a pesar de las dificultades para obtener información de procesos de una persecución institucional que, además, se originó hace 85 años.

La Comisión ha creado un correo electrónico específico (memoriademocratica@grancanaria.com) para consultas de personas que quieran obtener o facilitar información sobre los casos localizados y aquellos que consideren que deberían ser tenidos en cuenta. También para intentar contactar con familiares en los casos en que no figura descendencia en los expedientes o resulta escasa la información sobre las personas afectadas recabada a través de fuentes historiográficas y hemerográficas, además de los archivos de la propia institución.

Los 66 expedientes localizados (correspondientes a 56 hombres y 10 mujeres) se han dividido en varios grupos y no incluyen a los consejeros y a los cargos políticos del Cabildo durante la etapa de la II República Española que fueron perseguidos por sus ideas.

El primer grupo recoge aquellos trabajadores a quienes se les aplicó el Decreto 108 aprobado por la Junta de Defensa Nacional de España, en el que se establecen las medidas represivas contra las personas afines o próximas a ideas democráticas, lo cual queda reflejado en el articulado del decreto por el que se declaran fuera de la ley todas las organizaciones que integraron el Frente Popular, así como aquellas que «han tomado parte en la oposición al movimiento nacional».

En el caso de los trabajadores del Cabildo, es el artículo tercero de ese decreto el que señala que «los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio o concesionarias de servicios públicos podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional».

Las personas apartadas de sus empleos por este motivo son mayoría en estos expedientes y el informe elaborado para la Comisión recoge los pormenores en el mayor número de los casos. Asimismo hay otro importante número de expedientes sobreseídos, aunque las personas a las que se incoó sufrieron un proceso cuyo objeto era amedrentar y aterrorizar a todo sospechoso de no apoyar al ejército que se había sublevado.

Arrojados a la Mar Fea

Los casos más asombrosos reunidos en el trabajo del Archivo General son los de las personas desaparecidas, algunas de las cuales han sido citados en investigaciones posteriores como fallecidos tras ser arrojados a la Mar Fea, el acantilado entre la playa de La Laja y la central térmica de Jinámar.

Esta investigación, recuerda el Cabildo en una nota, fue acordada por el Pleno merced a una moción del Gobierno insular conformado por NC, PSOE y Podemos, que insta a la «reparación y reconocimiento al personal público del Cabildo sancionado de forma ilegítima y depurado por motivos políticos». El acuerdo fue aprobado por mayoría, con la abstención de los cinco consejeros del Grupo Popular.

es el decreto de la Junta de Defensa Nacional de España que estableció que los empleados públicos podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de sus cargos «cuando así lo aconsejen sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional».